La explotación de oro en Costa Rica enfrenta a ecologistas y al Gobierno

San José.-  La explotación de oro a cielo abierto se debatió esta semana en Costa Rica, donde el Gobierno la defiende por sus beneficios económicos, mientras que ecologistas y oposición la señalan como una agresión "brutal" contra la naturaleza, el "verdadero oro" del país.

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(EFE)

El pasado 17 de octubre, el presidente de Costar Rica, Óscar Arias (en la foto), y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, decretaron de "interés nacional" la mina "Las Crucitas" de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures.

Paralizada desde el 2002 por decisión del entonces presidente Abel Pacheco, la explotación se beneficia desde el pasado mes de abril de la determinación del actual mandatario, Óscar Arias, que avaló la instalación de la mina "Las Crucitas" en la zona norte, a tres kilómetros de la frontera con Nicaragua.

El pasado 17 de octubre, Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, decretaron de "interés nacional" la mina de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures.

Con ese decreto, la compañía recibió luz verde para talar 191 hectáreas de bosque en la zona norte del país, con el fin de excavar enormes tajos de hasta 60 metros de profundidad en busca de oro.

La nueva ley permite incluso la tala del almendro amarillo, una especie vedada y en peligro de extinción que sirve de nido y alimento a la lapa verde, una exótica ave amenazada de la que solo existen 35 parejas reproductivas en el país.

La compañía taló en un solo fin de semana 50 hectáreas, pero tuvo que detenerse por orden de la Sala Constitucional, que aceptó estudiar un recurso de amparo en contra del edicto ejecutivo.

Esta semana Arias defendió su decisión y aseguró que "se han hecho todos los estudios habidos y por haber" de impacto ambiental y que la empresa cuenta con un completo plan de reforestación.

El presidente apoya la actividad minera porque, según dijo, la empresa construirá caminos, ofrecerá unos 200 empleos y generará cerca de 80 millones de dólares en impuestos en sus 10 años de permiso, lo que representa el 10 por ciento de su ganancia estimada en ese periodo por la extracción de al menos 700.000 onzas de oro.

La posición del presidente es respaldada por algunos grupos de vecinos de la zona, que defienden la minería como una nueva fuente de trabajo.

Por su parte, grupos ecologistas y sectores políticos de oposición han criticado a Arias por darle el aval a una actividad "brutal" contra el medioambiente, lo que contradice su discurso nacional e internacional de protección de la naturaleza.

El diputado del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC) Marvin Rojas declaró en una conferencia de prensa que "el Gobierno anda por el mundo buscando recursos para su iniciativa de 'Paz con la Naturaleza', pero dentro del país lo que le dice a la naturaleza es que descanse en paz".

Por su parte, Valbina Torres, una vecina de la zona donde se ubica la mina, calificó el decreto del presidente como "una jugada fea" porque ella no cambia la "plata" (dinero) por el bosque.

"La decisión del Gobierno va en contra del estilo de vida de los costarricenses, porque el oro nuestro es el bosque que los turistas vienen a ver", expresó el jefe de fracción del PAC, Francisco Molina.

Los opositores recordaron lo sucedido en julio de 2007, cuando una mina similar en Miramar de Puntarenas (Pacífico central) operada por la canadiense Glencairn Gold Corporation cerró súbitamente debido a que el terreno se estaba desestabilizando por las constantes lluvias y estuvo a punto de causar un desastre ambiental.

Costa Rica es un país reconocido internacionalmente por sus abundantes recursos naturales.

Con el 4,5 por ciento de la biodiversidad del planeta, protege en parques nacionales y reservas el 25 por ciento de su territorio y su cobertura forestal supera el 50 por ciento.

La polémica sobre la explotación minera aumentó el pasado martes cuando la Fiscalía General abrió una investigación en contra del presidente Arias y del ministro Dobles por presunta prevaricación por emitir resoluciones contrarias a la ley establecida o fundamentadas en hechos falsos.