San José.- El Centro Científico Tropical (CCT) advirtió hoy que si la mina de oro a cielo abierto "Las Crucitas" entra en funcionamiento en la zona norte de Costa Rica pondrá en peligro a la lapa verde y al nicaragüense río San Juan.
En la mina se extraerán al menos 700.000 onzas de oro, valoradas en unos 800 millones de dólares, y la empresa afirma que no dañará el ambiente porque trabajará con altos estándares de calidad y tecnología de punta.
Oliver Chassot, quien tiene 12 años de investigar las poblaciones de lapa verde, una exótica ave en peligro de extinción, declaró hoy a Efe que estudios realizados indican que el lugar donde está la mina "es parte de un corredor biológico" de este animal.
"Hay presencia de lapas verdes en 'Las Crucitas'. No forma parte de su zona de anidamiento, pero la mina tiene impactos negativos sobre su población y hábitat", afirmó Chassot, quien señaló que en Costa Rica habitan apenas unas 210 de estas aves.
La construcción de la mina de la empresa canadiense Vanessa Ventures, a solo tres kilómetros del fronterizo río San Juan, está paralizada desde septiembre pasado, cuando la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo que busca detener por completo las obras debido a los daños que provocará al ambiente.
El presidente del CCT, Carlos Quesada, afirmó que las condiciones del clima en la zona, una de las más lluviosas del país, podrían provocar deslizamientos en la mina y filtración de químicos en acuíferos que podrían contaminar ríos cercanos como el San Juan.
"Hay que valorar cuál es el modelo de desarrollo que quiere este país: uno sostenible con beneficio colectivo de largo plazo o uno particular de corto plazo y donde se beneficie una actividad como la minería", afirmó Quesada.
Por su cercanía con la frontera con Nicaragua, el Gobierno de ese país ya ha enviado un par de notas diplomáticas solicitando que se detenga el proyecto, a lo que Costa Rica ha respondido que se trata de una decisión soberana que no afectará a la vecina nación.
El recurso de amparo, que aún no ha sido resuelto por los magistrados, fue presentado contra un decreto de "interés nacional" de la mina firmado por el presidente Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles.
Con este decreto el Gobierno permitió a la empresa talar 191 hectáreas de bosque, incluidos unos 200 árboles de almendro amarillo, el cual se encuentra en serio peligro de extinción y es la principal fuente de alimento y anidación de la lapa verde.
La empresa taló 50 hectáreas hasta que se le ordenó parar las obras.
El Gobierno costarricense y la empresa han defendido el proyecto minero debido a que creará unos 200 empleos y generará impuestos, compras locales, inversión y salarios, en una comunidad con poco desarrollo como lo es "Las Crucitas".
Quesada comentó que esta mina es una visión de desarrollo de "corto plazo", pues se trata de una concesión de diez años de explotación que dejará un daño ambiental "irreversible" en suelos y acuíferos.
En la mina se extraerán al menos 700.000 onzas de oro, valoradas en unos 800 millones de dólares, y la empresa afirma que no dañará el ambiente porque trabajará con altos estándares de calidad y tecnología de punta.
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