El Gobierno de Costa Rica defiende el polémico proyecto de mina oro a cielo abierto

San José.-  El Gobierno de Costa Rica salió hoy en defensa de un polémico proyecto de minería de oro a cielo abierto, al cual declaró "de interés nacional" pero que enfrenta la oposición de ambientalistas porque conlleva la tala de cerca de 200 hectáreas para iniciar operaciones.

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(EFE)

El proyecto "Las Crucitas", a cargo de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures, se ubica en San Carlos, provincia de Alajuela (norte), en una zona cercana a la frontera con Nicaragua, y está paralizado desde el lunes cuando la Sala Constitucional recibió para su estudio un recurso de amparo.

El proyecto "Las Crucitas", a cargo de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures, se ubica en San Carlos, provincia de Alajuela (norte), en una zona cercana a la frontera con Nicaragua, y está paralizado desde el lunes cuando la Sala Constitucional recibió para su estudio un recurso de amparo.

El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, declaró hoy en una conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas, que la empresa ha cumplido con todos los requisitos para operar.

"El país no ha improvisado nada y hemos sido sumamente rigurosos en realizar los estudios pertinentes", sostuvo.

"Lo cierto es que se hicieron todos los estudios habidos y por haber. Reconocidos catedráticos universitarios realizaron estudios de geología, hidrogeología, ingeniería, riesgo sísmico, geotérmica suelos, biología, arqueología, ruido, calidad de aire, aguas, y un largo etcétera", explicó Arias.

El gobernante, quien se manifestó a favor de otorgar en concesión a empresas privadas este tipo de proyectos, comparó la situación con las minas de cobre en Chile, las cuales, afirmó, son "la principal fuente de desarrollo de ese país".

Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, firmaron un decreto con fecha del 17 de octubre de 2008, en el que declararon de "interés y conveniencia nacional" la mina y dieron luz verde a la tala de 191 hectáreas, entre las que se incluye el árbol de almendro amarillo, que se encuentra en peligro de extinción.

Además, este árbol sirve como sitio de anidación y principal fuente de alimento de la lapa verde, un ave en riesgo de desaparecer.

La empresa comenzó el mismo día emitido el decreto a cortar árboles según ilustraron imágenes de la televisión local, pero tuvo que detenerse por orden de la Sala Constitucional.

Ayer, la Fiscalía General abrió una investigación en contra de Arias y Dobles por el presunto delito de prevaricato, en el que habrían incurrido al firmar el decreto.

El presidente negó haber incurrido en ese delito, consistente en emitir resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos, y aseguró que la mina "tiene que ser a cielo abierto y para eso deben cortarse algunos árboles, y si no, no se puede hacer".

Arias aseguró que firmó el decreto sin estudiarlo porque confía en su ministro y en los especialistas de varias instituciones gubernamentales que lo redactaron y le aseguraron que todos los requisitos se habían cumplido.

Dobles también salió en defensa del proyecto y dijo que la mina cumple con la viabilidad ambiental, económica y social para entrar en operación.