Óscar Arias afirma que desconocía el alcance del decreto en favor de mina de oro

San José.-  El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, aseguró hoy que desconocía los alcances de un decreto que permite a una minera de capital canadiense talar 260 hectáreas en la zona norte del país para iniciar operaciones, por el cual la Fiscalía General abrió una investigación en su contra.

ampliar foto

(EFE)

"Firmé ese decreto bajo el consejo de abogados de las instituciones, no puedo estudiar cada decreto que firmo. Yo confío en el buen juicio, honorabilidad, moral y ética de mis ministros", declaró Arias en una entrevista.

"Firmé ese decreto bajo el consejo de abogados de las instituciones, no puedo estudiar cada decreto que firmo. Yo confío en el buen juicio, honorabilidad, moral y ética de mis ministros", declaró Arias en una entrevista con Radio Monumental.

El decreto, con fecha del 17 de octubre de 2008 y firmado por Arias y el ministro de Ambiente, Roberto Dobles, declaró de "interés y conveniencia nacional" el proyecto minero Las Crucitas, ubicado en San Carlos, provincia de Alajuela (norte), cerca a la frontera con Nicaragua.

"Si llega un ministro como Roberto Dobles y me presenta estudios (de instituciones gubernamentales) que han redactado este decreto (...) yo me atengo a que eso está bien y estoy seguro que la gente que ha trabajado en eso lo ha analizado y estudiado", dijo el presidente.

El pasado lunes la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas en contra del polémico decreto y ordenó frenar la tala de árboles.

La Fiscalía General anunció ayer la apertura de una investigación a Arias y Dobles por el delito de prevaricato.

Este delito, que es castigado de dos a seis años de prisión, está definido en el código penal como la emisión por parte de funcionarios públicos de "resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos".

"Entiendo que prevaricato es emitir un reglamento o tomar una decisión a sabiendas que es ilegal y ese no es mi caso ni el de Roberto Dobles, la figura de prevaricato no la veo en ningún lado", comentó al respecto Arias.

Sobre el proyecto minero, que ha recibido todos los permisos del Gobierno y que pretende extraer 700.000 onzas de oro en diez años, el mandatario explicó que a la empresa se le dio la concesión dos gobiernos atrás, por lo que es un asunto "heredado".

La empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures, es la encargada de la mina.

Arias aseguró que el Ministerio de Ambiente y varias instituciones gubernamentales han realizado estudios que demuestran beneficios para la población cercana a la mina y agregó que la empresa presentó un plan de reforestación.

Sin embargo, dijo que "si el país decidió desde hace seis años otorgar una concesión" hay que ser "un poco más serios", pues a su juicio, está en juego la imagen del país en cuanto a su seguridad jurídica.

Arias afirmó que si la Sala Constitucional ordena detener el proyecto minero la empresa instauraría una demanda a la cual se le haría frente.

Grupos ecologistas han denunciado que el decreto fue firmado porque según la Ley Forestal no puede cambiarse el uso de suelo de un área boscosa a menos que el proyecto sea declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo.

Entre los árboles que se iban a talar se encuentran decenas de almendros amarillos, una especie vedada y en peligro de extinción, que además sirve como nido y provee de su principal alimento a la lapa verde, un ave en riesgo de desaparecer.

Los ambientalistas también afirman que no existen estudios científicos que demuestren que los beneficios socio-económicos de la mina serán mayores a los impactos al ambiente, entre los que citaron contaminación del suelo y aguas con cianuro.

El Gobierno de Nicaragua también se ha mostrado preocupado por la cercanía de unos tres kilómetros de la mina con la frontera y con el nicaragüense río San Juan, por lo que en junio pasado envió una nota diplomática a Costa Rica pidiendo la cancelación del proyecto.