Madrid.- La Comunidad de Madrid ha tramitado en el primer semestre del año, a través de la Dirección General de Consumo, un total de 3.606 solicitudes de arbitraje, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior.
Interior de una tintoreria. EFE/Archivo
Las telecomunicaciones centraron la mayor parte de las quejas, con 2.853 solicitudes (71,12%), mientras que el resto se reparte en distintos ámbitos de actividad y sectores como tintorerías, instaladores de gas, talleres de reparación de automóviles, compra de coches, compra de muebles, adquisición de vivienda y servicios de asistencia técnica.
Los problemas más denunciados en el sector de las telecomunicaciones se refirieron, fundamentalmente, a facturación errónea, dificultades en las bajas y ofertas engañosas, tal y como reflejan los datos del Colegio Arbitral de Telecomunicaciones, único colegio centrado en este sector abierto por una Comunidad Autónoma.
Actualmente son seis los colegios territoriales con los que cuenta la Junta Regional de Arbitraje de Consumo, pero la Comunidad acaba de autorizar la constitución de uno nuevo en Alcorcón, que se suma a los ya existentes en Collado Villalba, Galapagar, Móstoles, Rivas Vaciamadrid y San Fernando de Henares.
El nuevo colegio arbitral de Alcorcón facilitará a sus vecinos el acceso al arbitraje de consumo, por ejemplo, celebrando vistas arbitrales a través de videoconferencia, sin que el reclamante ni el reclamado tengan que desplazarse a Madrid para solucionar su caso. Además, servirá para dar a conocer el arbitraje de consumo a más empresarios.
En el primer semestre del año, 576 solicitudes de arbitraje han sido resueltas a través de mediación con resoluciones amistosas, y el resto da lugar a la constitución de un tribunal con representación de asociaciones de consumidores y empresarios en el que reclamante y reclamado exponen sus posturas (en algunos casos consumidor y empresario pueden comparecer por videoconferencia). Hasta la fecha ya se han dictado 1.127 laudos.
El tribunal estudia el caso y emite un laudo, de obligado cumplimiento para las partes. Si la empresa se niega a cumplirlo, el reclamante puede pedir su ejecución al tribunal de primera instancia.
En el arbitraje de consumo participan las asociaciones de consumidores y de empresarios, que acuden a las vistas arbitrales como vocales para ayudar al tribunal a tomar sus decisiones en equidad y realizan acciones de promoción del sistema.
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