Lamentan que el ex militar acusado de abusos llegue al Parlamento de Filipinas

Manila.-  Las familias de las víctimas de asesinatos extrajudiciales en Filipinas expresaron hoy su indignación por el fallo judicial que permitirá ocupar un escaño en el Parlamento al general retirado Jovito Palparan, acusado de un sinfín de abusos de los derechos humanos.

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(EFE)

Palparan, comandante retirado de la séptima división de Infantería de Luzón Central, apodado "el carnicero" . EFE/Archivo

"Palparan no debe desempeñar un cargo público sino ir directo a prisión", afirmó la asociación Desaparecidos, que organizó una concentración de cientos de personas ante la sede del Legislativo en la capital.

El grupo también criticó al Gobierno por apoyar la candidatura del ex militar, implicado en casi 200 asesinatos, desapariciones y casos de tortura a militantes de izquierda entre 2001 y 2006, aunque no ha sido procesado al estar protegido por la jerarquía castrense.

"No se merece poder sentarse junto a los demás congresistas", dijo la madre de un activista supuestamente ejecutado por orden del "Carnicero de Mindoro".

Palparan venció en su circunscripción en las elecciones de 2007, pero su partido no logró el 2 por ciento de los sufragios necesario para tener representación en el Legislativo.

El pasado lunes, el Tribunal Constitucional ordenó al Ejecutivo que derogue ese artículo de la ley electoral y autorizó asientos para 32 nuevos diputados, entre ellos el general retirado.

La decisión abre el camino para que Palparan pueda eludir la acción de la justicia cuando goce de inmunidad parlamentaria.

Hace dos meses, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) exigió a las autoridades filipinas que le procesaran en vez de nombrarle nuevo jefe de la agencia antidroga, como se planteaba en aquel momento.

Cerca de 900 personas han muerto y unas 150 han "desaparecido" por motivos políticos en el país desde enero de 2001, cuando asumió el poder la actual presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, según datos de la asociación Karapatan (Derecho).

HRW afirma que los policías y militares filipinos libran una guerra sucia contra la oposición de izquierda como parte de una estrategia premeditada para acabar con la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo.

Identifican como miembros de la guerrilla a cualquier militante progresista, sindicalista o activista a favor de la reforma agraria, así como a los abogados que los defienden, mientras las fuerzas de seguridad lo niegan y ningún oficial ha sido condenado.