Sudán "condena" la decisión de la CPI y dice que el presidente seguirá en funciones

Ginebra.-  El Gobierno sudanés condenó hoy la decisión adoptada ayer por la Corte Penal Internacional (CPI) de ordenar el arresto del presidente Omar Hasan al Bachir por crímenes de guerra y lesa humanidad, y dijo que éste continuará en sus funciones.

"El procesamiento y la condena del presidente en ejercicio Al Bachir es contrario a todas las leyes internacionales y el gobierno sudanés no reconoce la decisión", señaló el embajador sudanés ante la ONU en Ginebra, John Ukec Lueth.

En una conferencia de prensa junto con el viceministro de Justicia sudanés, Abel Baiem Zumrawi, ambos señalaron que Sudán no forma parte del Estatuto de Roma, sobre el que se basa el funcionamiento del CPI, y que por tanto el gobierno de Jartum no va a acatar la decisión.

Además, alegaron que la sentencia de la CPI está "motivada políticamente" y denunciaron el doble rasero de la comunidad internacional al acusar a Sudán y no a naciones que "durante la Segunda Guerra Mundial perpetraron más horrores sistemáticos que cualquier otra nación", en referencia entre otros a Estados Unidos.

Preguntado sobre si el presidente Al Bachir va a arriesgarse a viajar al extranjero para participar en acontecimientos como la próxima cumbre árabe en Doha, el ministro subrayó que el presidente sudanés "continuará cumpliendo sus funciones".

"La decisión de viajar o no al extranjero, o de si irá él u otra persona en su lugar, se tomará caso por caso. Somos conscientes de que algunos países pueden cooperar con la CPI, pero los que no son signatarios del Estatuto de Roma no están obligados a hacerlo", señaló.

Los responsables sudaneses insistieron en que no acatan la resolución 1593 adoptada en su momento por el Consejo de Seguridad de la ONU para enviar el conflicto de Darfur a la CPI, y que ésta no debía cumplirse, "como muchas otras resoluciones del Consejo de Seguridad que han sido ignoradas".

Y acusaron a los cinco miembros permanentes del Consejo y a sus aliados y amigos de haberse procurado "de facto" y "de jure" inmunidad e impunidad, al excluir de la categoría de crímenes que pueden ser juzgados por la CPI los ataques con armas nucleares, entre otros.

Recordaron que EEUU, en 1998, votó en Roma en contra del establecimiento de esa Corte con el argumento de que "EEUU no acepta el concepto de jurisdicción del estatuto y su aplicación sobre estados no parte".

Acerca del propio conflicto de Darfur, donde según la ONU han muerto más de 300.000 personas, el ministro reconoció que "se han cometido algunas violaciones de los derechos humanos, han ocurrido algunas cosas", pero agregó que por ello el Gobierno de Jartum creó un comité de investigación que está trabajando.

El ministro también acusó al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, de haber "perdido su credibilidad y convertido en un órgano político al haberse sometido a las presiones de las grandes potencias" para acusar al presidente sudanés.