Buenos Aires.- Un juez argentino ordenó hoy la auditoría de las diez Administradoras privadas de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) que operan en el país, a las que investiga por presunta defraudación a sus 9,5 millones de afiliados.
La reforma impulsada por el Gobierno supone el traspaso al Estado de los activos de la jubilación privada (unos 30.000 millones de dólares), parte de ellos invertidos en acciones de empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La auditoría, dispuesta por el juez Claudio Bonadío, fue solicitada a los peritos contadores de la Corte Suprema en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, Guillermo Marijuan, informaron fuentes judiciales.
El fiscal acusó a las AFJP, controladas mayormente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, de liquidar súbitamente sus tenencias en bonos públicos y acciones ante el inminente pase de sus fondos al sistema estatal por una reforma que el Gobierno argentino propuso oficialmente la semana pasada.
Además de pedir una "auditoría interna" sobre los "informes de gestión" de los fondos de pensión, el juez requirió que los peritos se expidan acerca de la "eficiencia de los sistemas de control" implementados por la Superintendencia de AFJP.
También solicitó a la Sindicatura General de la Nación que brinde informes sobre la documentación entregada en los últimos dos años por la Superintendencia de AFJP, el organismo que controla a las administradoras.
Las fuentes indicaron que existe la posibilidad de que el magistrado cite como testigos a algunos responsables de las administradoras.
Las AFJP retomaron el lunes sus operaciones en el mercado local luego de que fuese levantada una prohibición dispuesta la semana pasada por Bonadío a partir de la denuncia de Marijuan.
La reforma impulsada por el Gobierno supone el traspaso al Estado de los activos de la jubilación privada (unos 30.000 millones de dólares), parte de ellos invertidos en acciones de empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El proyecto cuenta con el rechazo de las principales fuerzas de la oposición, que acusan al Ejecutivo de querer "saquear" la jubilación privada, y comenzará a ser analizado hoy por dos comisiones de la Cámara de Diputados.
En la reunión, prevista para esta tarde, darán detalles de la iniciativa el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, Amado Bodou.
El oficialista Frente para la Victoria, que reúne a 125 de los 257 escaños de diputados, negocia con una treintena de legisladores que prometieron su apoyo a cambio de garantías legales que impidan que los fondos de jubilación privada se usen para el gasto público, como ha sido tradición en el país.
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