El Gobierno argentino advierte a los fondos de pensión que no operen en contra del país

Buenos Aires.-  El Gobierno argentino advirtió hoy a los fondos de jubilación privada que "no operen en contra" del país, tras retomar las operaciones en el mercado local después de levantarse la veda judicial establecida la semana pasada, cuando se anunció el proyecto oficial de traspasar sus activos al Estado.

ampliar foto

El director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, dijo que mantuvo una reunión "muy seria, muy razonable" con los directivos de las diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), a quienes pidió que "mantengan la liquidez" en el sistema financiero local, donde son uno de los mayores jugadores.

La reforma anunciada el martes pasado supone el traspaso al Estado de los activos de la jubilación privada (unos 30.000 millones de dólares), parte de ellos invertidos en acciones de empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

"No deberían ir a meter mayor presión al mercado del tipo de cambio ni operar contra el valor de los bonos públicos", comentó Boudou, al expresar su confianza en que "haya tranquilidad" en los mercados.

La polémica desatada a raíz del proyecto oficial se centró además en la situación de los trabajadores de las AFJP, que rechazan la iniciativa.

Con el fin de calmar los ánimos, el ministro argentino de Trabajo, Carlos Tomada, emitió hoy una resolución que asegura que "a través de las áreas competentes se realizarán todos los actos necesarios tendentes a preservar el empleo de los dependientes de las AFJP".

A pesar de las promesas oficiales, el sindicato de empleados de los fondos de pensión ratificó una marcha de rechazo a la reforma prevista para mañana, cuando el Gobierno librará la primera batalla parlamentaria para aprobar su proyecto.

El Ministerio de Trabajo indicó hoy en un comunicado que comenzó a recopilar "toda la información disponible para ayudar a reinsertar a los trabajadores que pudieran ser afectados" por la reforma, pese a que fuentes oficiales habían afirmado que el Gobierno garantizaría el empleo a los 10.171 trabajadores de los fondos de pensión privada.

La resolución contempla la creación de un comité que mañana prevé reunirse con los sindicatos del sector y los representantes de las AFJP para analizar medidas "para la preservación del empleo".

Boudou subrayó que si "fracasa el diálogo", los fondos de pensión "tendrán que acatar" las medidas de la Superintendencia de AFJP, el organismo público que las controla y también dirige el funcionario.

Confirmó además que se acelerará el proceso de "repatriación" de inversiones de los fondos de pensión en el exterior, el grueso en títulos del mercado de Brasil.

El 55 por ciento de las colocaciones de las AFJP están en bonos soberanos argentinos y otro 14 por ciento en acciones y títulos de deuda privada, entre ellas participaciones que van del 6 al 24 por ciento en los paquetes accionariales de 15 empresas líderes de la Bolsa de Buenos Aires.

Los fondos de pensiones, controlados por bancos y aseguradoras argentinas, estadounidenses y europeas, tienen además colocaciones a plazo y fideicomisos que financian el crédito al consumo.

Pese a los augurios de analistas privados, el crédito al consumo no se ha desplomado, como ocurrió con el índice Merval de empresas líderes de la bolsa bonaerense, que la semana retrocedió al nivel de mediados de 2004 al acumular pérdidas del 26,8 por ciento y hoy cayó un 5,67.

El Banco Central mantiene una política de intervención para impedir que se dispare el precio del dólar, que la semana pasada subió el 1,85 por ciento, hasta los 3,29 pesos y hoy alcanzó 3,31 pesos.

Dos de las empresas participadas por los fondos de pensión han anunciado ofertas públicas para rescatar parte de sus acciones, cuyo desplome por la crisis financiera internacional se acentuó el martes pasado, tras la propuesta del Gobierno para terminar con 14 años de jubilación privada.

Tomada y Boudou comparecerán mañana ante las comisiones de la Cámara de Diputados en la primera batalla por lograr la aprobación del proyecto, rechazado por las principales fuerzas de oposición que acusan al Gobierno de querer "saquear" la jubilación privada.