El Gobierno argentino pide calma y suma aliados para estatizar las jubilaciones

Buenos Aires.-  El Gobierno argentino salió hoy a calmar los ánimos tras el derrumbe bursátil que desató su proyecto de traspasar al Estado los fondos de jubilación privada, mientras suma aliados en el Parlamento y siguen las quejas por esta reforma.

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(EFE)

Las tres mayores AFJP de Argentina son Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español BBVA), que acaparan el 47 por ciento de los 9,5 millones de afiliados a la jubilación privada.

Fuentes parlamentarias consultadas por Efe opinaron que el proyecto gubernamental avanzará sin grandes tropiezos en el Congreso porque el oficialismo (mayoritario) ha reunido el apoyo de unos 30 legisladores de la oposición con vistas al debate que empezará el martes próximo en comisiones de la Cámara de Diputados.

En medio de advertencias empresariales en favor de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y el temor a que se reduzca el crédito para el consumo, la Bolsa de Buenos Aires remontaba hoy el derrumbe de los últimos días por compras especulativas alentadas por el bajo precio de las acciones y la recuperación de Wall Street.

Agentes bursátiles consultados coincidieron en que el "rebote" del mercado de capitales argentino también se debe a compras de títulos por parte del estatal Banco Nación, el mayor del país, y otras entidades públicas.

"Con 20 o 30 millones de dólares se puede hacer lo que uno quiere en este mercado, que es relativamente pequeño", apuntó uno de ellos al recordar que en situaciones normales se negocian acciones y bonos por entre 120 y 150 millones de dólares a diario.

El director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, remarcó hoy que "nadie podrá tocar" los recursos de las diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), controladas mayormente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, cuando pasen a ese organismo público.

Dijo que los fondos de la jubilación privada, cuyos activos suman unos 30.000 millones de dólares entre bonos públicos y privados, acciones y depósitos a plazo, "serán administrados solamente" por la ANSES, que tendrá autonomía económica, "lo que reclama siempre la oposición".

Los fondos "tienen que ser invertidos y no pueden ser usados para otra cosa, como gastos corrientes", insistió el responsable de la caja de jubilación estatal en declaraciones a radios de Buenos Aires para responder a la oposición y calmar a los mercados.

Las principales fuerzas políticas de Argentina coinciden desde hace años en la necesidad de anular la jubilación privada implantada en 1994, pero la oposición asegura que esta reforma busca financiar gastos y la deuda pública en desmedro de los intereses de los 9,5 millones de afiliados a las AFJP.

Las sospechas se ven acentuadas porque el año próximo habrá elecciones para renovar el Parlamento, lo que hace prever aumentos en el gasto público cuando los expertos vaticinan un menor crecimiento económico y de la recaudación de impuestos como consecuencia de la crisis financiera mundial.

"Hubo mucho de irreflexivo en la decisión" de llevar adelante la reforma, se lamentó hoy Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la actual presidenta, Cristina Fernández.

Lavagna, a quien se considera artífice de la fuerte reactivación económica que vivió Argentina en los últimos cinco años, destacó que hubo un impacto "muy negativo" en todos los sectores empresariales y recomendó analizar la reforma "detenidamente y sin apuros".

Pero el Gobierno de Fernández apunta a poner en marcha la reforma en enero próximo, lo que supone una carrera contra el reloj del Parlamento, que tiene un ritmo más lento que el pretendido por el oficialismo.

"Estamos de acuerdo en discutir la reforma, pero si el Gobierno quiere aprobarla en diez días que vaya solo", advirtió el senador Gerardo Morales, líder de la Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria.

El oficialista Frente para la Victoria, una fracción del Partido Justicialista (peronista), ha reclutado aliados en las filas del socialismo y de fuerzas de centroizquierda, lo que hace prever que la reforma avanzará sin mayores trabas en la Cámara de Diputados.