Madrid.- Los jueces y los secretarios judiciales protestan hoy por las consecuencias que el "caso Mari Luz" ha tenido para la secretaria judicial del Juzgado sevillano que no ejecutó la sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de la niña de Huelva y por las que puede tener para el juez Rafael Tirado.
En la imagen, el portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, junto a la portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Margarita Martínez, durante la rueda de prensa que ofreció para informar de las medidas que se adoptarán tras la sanción de dos años de suspensión a la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular el juez Rafael Tirado, que no ejecutó una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.
Los secretarios judiciales han convocado un paro de tres horas -entre las 10:00 y las 13:00 horas- para rechazar la sanción de dos años de empleo y sueldo que el Ministerio de Justicia impuso a su compañera Juana Gálvez, al considerar que el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo la ha utilizado como "cabeza de turco" para ocultar las carencias de la Administración de Justicia.
Los efectos del paro para los ciudadanos pueden ser mayores de lo previsto, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió ayer suspender los efectos de la resolución en la que el Ministerio de Justicia fijaba unos servicios mínimos de entre un 30 y un 50 por ciento y acordó que sólo deben trabajar los secretarios judiciales de los órganos judiciales que estén de guardia.
Coincidiendo con ese paro, en la mayoría de las sedes judiciales -incluida la Audiencia Nacional- se han convocado juntas de jueces para abordar las "presiones" e "injerencias" políticas que, en opinión de los magistrados, está sufriendo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que aumente la sanción impuesta a Tirado.
El anterior CGPJ multó al juez de Sevilla con 1.500 euros, pero esta sanción ha sido recurrida por la Fiscalía, que ha solicitado que se le suspenda por tres años.
Las declaraciones del ministro de Justicia o de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a favor de aumentar el castigo a Tirado han sido consideradas por los jueces como una injerencia "intolerable".
El CGPJ, que ayer se reunió con las asociaciones de magistrados y con una delegación de jueces decanos, reaccionó ante la convocatoria de juntas para hoy pidiendo "responsabilidad" a los jueces y expresando su confianza en que actuarán "siempre en beneficio de los ciudadanos".
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