¿Jueces con derecho a huelga? Sí, pero con sanciones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pegado un tirón de orejas a aquellos jueces de Murcia y Extremadura que el pasado viernes anunciaron una huelga para protestar por la falta de medios en la Justicia, al avisar que no tolerará "actuaciones ilegales". Con este aviso a navegantes, de paso, el Poder Judicial se dirige a todos aquellos jueces de diferentes comunidades autónomas que están meditando si sumarse a la huelga y que han pospuesto la decisión a fechas venideras (el próximo 21 de enero, en la mayoría de los casos, se celebrarán juntas de jueces para decidir).

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Gabriela Bravo.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha leído hoy una declaración institucional firmada tras el Pleno del Poder Judicial como respuesta al anuncio de la huelga, y ha afirmado:

• Que el órgano de gobierno de los jueces "adoptará las medidas necesarias para asegurar la legalidad de los acuerdos adoptados en las juntas de jueces".
• Que "no va a tolerar actuaciones o acuerdos ilegales".
• Que "las posibles sanciones se van a valorar cuando los hechos ocurran".
• Que confía en la "responsabilidad y el sentido común de los jueces".
• Que sería difícilmente explicable a los ciudadanos "que uno de los tres poderes del Estado vaya a la huelga".

Uno de los aspectos más relevantes de todo este embrollo es que sigue sin estar claro, desde el punto de vista legal, si los jueces tienen derecho a huelga. Gabriela Bravo, de hecho, ha pasado de puntillas y no ha aclarado aquella enigmática declaración que hizo el pasado viernes sobre el tema: "El derecho a huelga [de los jueces] no está reconocido, ni prohibido. No está previsto". En la comparecencia de hoy, Bravo ha dicho que el CGPJ "no va a entrar al debate de si los jueces tienen ese derecho".

En unas declaraciones, Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia, se refirió a este asunto lamentando la existencia de un "vacío total" que "obliga a interpretaciones". "El derecho a la huelga no está regulado y nadie ha querido abordarlo de ninguna manera", aseguraba el portavoz de la asociación progresista.

Al margen de estas cuestiones interpretativas, lo cierto es que los jueces que convocaron la huelga en Extremadura parecen inmunes al mensaje de posibles sanciones. De momento, el juez decano de Badajoz, Emilio García Cancho, ha respondido al CGPJ que la convocatoria de huelga de los jueces extremeños, prevista para el 18 de febrero, fue "estudiada en profundidad" y es "firme y consecuente con sus efectos", según informa Europa Press. El pulso está sobre la mesa.

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El 'powerpoint ' murciano

Junto a Extremadura, la otra Comunidad que se ha sumado a la huelga ha sido, de momento, Murcia. Para justificar su postura, los jueces murcianos destacaron que "el número de jueces por habitantes sitúa a España en las últimas posiciones, según datos del Consejo de Europa" y calificaron el Plan de Modernización de la Justicia elaborado por el CGPJ de 'powerpoint'.

La portavoz del CGPJ se ha defendido afirmando que el actual Consejo "no es responsable exclusivo del malestar porque las deficiencias se arrastran desde hace muchos años". Para Gabriela Bravo hay que fijarse en las acciones emprendidas por el nuevo Consejo, cuya actividad empezó hace un par de meses, cuando sustituyeron a los anteriores miembros.

Desde entonces, el CGPJ "ha impulsado en colaboración con el Gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas y los restantes órganos de gobierno del Poder Judicial, un Plan de Modernización", al que se han sumado "medidas concretas y urgentes", esencialmente de refuerzo de los órganos judiciales, según ha dicho Bravo, orgullosa del esfuerzo modernizador del presente Consejo.

Preguntamos al portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, qué opina de los dos meses de gestión del actual Consejo y si cree que habría que darle una oportunidad antes de convocar una huelga, dado que no ha tenido tiempo suficiente para plasmar sus proyectos de reforma. "Por supuesto que merecen una oportunidad", reconoce García. "Sólo la inacción o la insuficiencia de actuación podrían llegar a plantear mayores medidas de presión. Y la huelga debería ser una medida extraordinaria, sólo si todas las medidas de presión previas e intermedias resultaran inútiles", asegura el representante de la APM.

De momento, lo cierto es que pocos recuerdan una actividad tan frenética de los órganos judiciales. Bravo también ha anunciado hoy la creación de cuatro nuevos juzgados de violencia de género (dos en Madrid, uno en Barcelona y otro en Sevilla).