Los secretarios judiciales acusan a Justicia de encubrir con una sanción la ausencia de reformas

Madrid.-  Los secretarios judiciales acusan al Ministerio de Justicia de encubrir la ausencia de reformas modernizadoras con la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a su compañera del Juzgado de Sevilla que no ejecutó una condena del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortes.

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(EFE)

La secretaria judicial Juana Gálvez (c), suspendida por dos años porque su juzgado, el penal 1 de Sevilla, no ejecutó una sentencia que ordenaba encarcela al presunto asesino de la niña Mari Luz, arropada hoy en la capital andaluza por sus compañeros.

Así lo expresan en un comunicado conjunto suscrito por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), que se ha leído hoy en las concentraciones que se han llevado a cabo frente a las sedes de los tribunales de toda España con motivo del paro de tres horas convocado por ambas organizaciones.

Según los secretarios judiciales, el seguimiento del paro ha sido masivo en toda España, "a pesar de los intentos de boicot del Ministerio de Justicia, que había establecido unos servicios mínimos como nunca en la historia de la democracia se habían impuesto".

En el comunicado los secretarios judiciales denuncian que la verdadera causa de lo ocurrido ha sido la insuficiencia de medios organizativos, por lo que piden que se esclarezcan responsabilidades y no se utilice la sanción a su compañera Juana Gálvez como "cortina de humo" para ocultar las carencias de la Administración de Justicia.

En este sentido recuerdan que ya pidieron el cese del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por "no asumir sus responsabilidades".

Asimismo aseguran que el objetivo de la protesta de hoy era dar a conocer a la ciudadanía y denunciar las "deplorables" condiciones en las que trabajan a diario debido a la ausencia de inversiones y de medios materiales y personales.

Ante esta situación, exigen que con urgencia se lleve a cabo la implantación definitiva de la Oficina Judicial y una reforma de las leyes procesales que delimite con claridad las funciones del juez y del secretario judicial.