Madrid.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha subrayado hoy que las pateras "son un drama" "en el origen" y "en el destino", pero "venir en un cayuco no es de ninguna de las maneras motivo para una regularización".
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, durante su comparecencia en una sesión extraordinaria de la Comisión correspondiente en el Congreso para informar sobre actuaciones en materia de inmigración y para fijar la posición española respecto a la "directiva de retorno".
Si se regularizase a todos los que llegan en cayuco sería una "irresponsabilidad" del Gobierno que además provocaría un efecto llamada, ha asegurado Corbacho.
En su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Corbacho ha zanjado así el debate sobre la posible legalización de los supervivientes de la patera que llegó el pasado 9 de julio a las costas de Almería y en la que habían fallecido quince personas, entre ellas nueve bebés.
En un receso de la comparecencia, Corbacho ha precisado a los periodistas que la legislación prevé atender a casos por motivos "muy humanitarios" pero "nunca en función del viaje".
El ministro ha subrayado que no es "indiferente ante el drama de quien llega en un cayuco jugándose la vida para intentar tener una oportunidad pero sería un irresponsable si la decisión no fuera otra que retornarles a su país porque, si no, estaríamos haciendo lo contrario de lo que debemos en beneficio de la inmigración".
Además, si el Gobierno regularizase a los que llegan en cayuco, "seguramente esa decisión llevaría una publicidad a los países de origen" que provocaría que "primero vengan en cayuco, después en piragua y al final en un neumático, y al final se quedan en el mar".
Ha recordado que, en este año, 4.300 personas han llegado a España en cayuco, pero "si en un país de 46 millones de habitantes, el problema fuesen 4.300 personas, no haría falta ni un ministro de inmigración ni una política de inmigración".
"Yo también tengo sentimientos pero por encima de todo tengo la responsabilidad de gobernar" y "no se puede gobernar realidades difíciles y complejas sólo con momentos, por muy duros que sean".
Respecto a la directiva europea de retorno, ha reconocido hoy que la legislación española de extranjería es "mucho más garantista" y que, "por tanto", no hay por qué cambiar la normativa española.
Sobre la posible ampliación del periodo máximo de detención de los inmigrantes, Corbacho ha precisado que el Gobierno "no aprovechará la directiva para rebajar las garantías" de los inmigrantes y que cualquier cambio de la normativa lo tendrá que decidir el Congreso de los Diputados, no el Ejecutivo.
Sin embargo, ha reconocido que "hubiese preferido" que el periodo máximo de internamiento que establece la directiva (de dieciocho meses) fuera "menor" y ha justificado el apoyo del Gobierno a esa norma en la necesidad de "progresar hacia una política común de inmigración", que "es lo importante".
Ha defendido además el programa voluntario de retorno de los inmigrantes no comunitarios que permitirá a los extranjeros en paro cobrar por adelantado su prestación de desempleo para regresar a su país de origen y ha recordado que los que se acojan a él, y después quieran volver a España, conservarán los derechos adquiridos.
Ha insistido también en que hay que modificar las condiciones de reagrupación familiar porque "nadie cuestiona el derecho reconocido y garantizado que tienen los extranjeros a vivir en familia, pero es necesario delimitar claramente qué familia y en qué condiciones".
Por último, ha dicho que "la mejor forma de alcanzar las deseadas cotas de control y legalidad y de cohesión social, integración y convivencia", es con un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que permita llegar a un pacto de estado sobre inmigración.
El portavoz del PP, Rafael Hernando ha advertido de que el nuevo "modus operandi" de las mafias es llenar las pateras de mujeres y bebés y que, por tanto, sería "gravísimo error" legalizar a los supervivientes. "En estos casos, la compasividad no vale" ni "sufrir una grave tragedia es suficiente para quedarse en este país".
En la misma línea, la portavoz canaria Ana María Oramas ha advertido que legalizar a los que vengan "con bebés propios o ajenos" sería "un desastre sin precedentes".
Gaspar Llamazares (IU) y Emilio Olabarría (PNV) han coincidido en criticar la directiva, que equipara una irregularidad administrativa con un delito y permite retener a los inmigrantes en unas condiciones "impactantes" que no tienen las prisiones.
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