Corbacho endurecerá las sanciones a los empresarios que contraten a ilegales

Madrid.-  El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha avanzado hoy que endurecerá las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales.

Además, ha anunciado que, a partir del próximo julio, su Departamento permitirá que los extranjeros puedan capitalizar su prestación de desempleo para "incentivar" y facilitar el retorno voluntario de los inmigrantes.

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, Corbacho ha explicado que su principal objetivo es que los inmigrantes entren en España "de forma legal y con contrato de trabajo" y que, una vez aquí, disfruten "de los mismos derechos y deberes que otros ciudadanos".

Por eso, el Ministerio pondrá en marcha políticas de "legalidad, convivencia e integración", desarrollará medidas para endurecer la inspección y el control de los trabajadores extranjeros, utilizará la contratación en origen y acordará con los agentes sociales "la capacidad de acogida del mercado laboral".

Ha recordado que convocará una Conferencia Sectorial de Inmigración porque para gestionar la inmigración hace falta un "esfuerzo conjunto" de todas las administraciones públicas (también de la FEMP) y no sólo del diálogo social.

En consecuencia, ha precisado, el Ministerio mejorará la coordinación entre el Estado y las comunidades y desarrollará "las facultades autonómicas estatutarias" para que las regiones participen en las decisiones estatales de inmigración y trabajo.

Corbacho ha informado además de que su Departamento impulsará una política común de inmigración e integración en el ámbito de la UE.

En ese contexto, ha dicho que el proyecto de directiva de retorno de los inmigrantes -previsiblemente se aprobará en el Parlamento europeo el próximo junio-, "se puede ver como un retroceso o como un grave problema" pero, a su juicio, "es un avance en la armonización de las políticas europeas".

España participará para que la Unión Europea logre una política global pero "eso no significa que España tenga que cambiar su legislación en esta materia", sino que "deberá ir viendo si es suficiente y no necesita modificaciones o si debe ser adaptada".

Tras la intervención del ministro, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha denunciado que la inmigración es un drama humano, sobre todo para los menores y especialmente para Canarias.

Por eso, ha valorado que se convoque una Sectorial de Inmigración "porque en Canarias hay 1.200 menores, en el último mes han llegado 200 más y el mes que viene pueden ser 300" y porque la inmigración debe ser "un asunto de corresponsabilidad y solidaridad entre el Estado, las autonomías y Canarias".

Carles Campuzano (CiU) también ha valorado la disposición de Corbacho a dialogar con las autonomías y elaborar una nueva política de inmigración que regule los flujos "a fondo".

Además, ha pedido al Gobierno que se incluya este asunto en el nuevo sistema de financiación autonómica y ha apostado por la recolocación de los inmigrantes en paro frente a la posibilidad de capitalizar la prestación para facilitar el retorno voluntario.

José Ignacio Echániz (PP) ha denunciado que el 60 por ciento de los inmigrantes han llegado a España en los últimos cuatro años gracias a "la política de 'papeles para todos', el descontrol de las fronteras y 'el efecto llamada' de la regularización del 2005".