El Gobierno canario asevera que las obras de la cárcel son "absolutamente ilegales"

Las Palmas de Gran Canaria.-  Las obras para construir una cárcel en Juan Grande son "absolutamente ilegales" porque no las ampara ningún planeamiento ni han sido impuestas al Ayuntamiento por acuerdo del Consejo de Ministros, informó hoy a Efe el viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel Ángel Pulido.

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(EFE)

El viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, durante una rueda de prensa.

El responsable autonómico subraya que el Consejo de Ministros no ha empleando la prerrogativa que tiene para imponer al Ayuntamiento de la localidad de Gran Canaria la ejecución del proyecto en la zona decidida por el Ministerio del Interior.

Pulido añade que "el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias aprobado por el Estado, que está en estos momentos en tramitación, no tiene capacidad para clasificar ni categorizar suelo", así que las determinaciones territoriales que se establezcan tendrán carácter de recomendaciones y no son vinculantes.

Ello no quita que "el Consejo de Ministros pueda convertir dichas determinaciones en vinculantes" si no logra un acuerdo con las administraciones implicadas.

Por ello, si el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana mantiene su disconformidad con la ejecución del proyecto, el Gobierno estatal tendrá que acudir a los instrumentos jurídicos a su disposición para dar viabilidad al proyecto.

Sin embargo, "no hay constancia de que el Consejo de Ministros haya hecho uso de esta facultad prevista en la legislación vigente, por lo que las obras que se ejecutan no tienen amparo legal".

Además, en relación con el Plan Territorial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias, el responsable autonómico reitera que, tras analizar la documentación remitida por el Ministerio del Interior, se ha comprobado que carece del informe de sostenibilidad ambiental.

Por ley, el promotor de las obras debe identificar, describir y evaluar los probables efectos que pueda habar sobre el medio ambiente y aportar alternativas que subsanen los problemas.

El viceconsejero ha mostrado su asombro, asimismo, porque el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, Juan José Azcona, dijo a algunos vecinos del Castillo del Romeral el pasado viernes que no existen inconvenientes con las obras de desmonte porque han notificado a las instituciones isleñas que se trata de una obra pública de interés general que no está sujeta a la obtención de licencia municipal.

"Esto sería así si la instalación estuviera contemplada en el planeamiento municipal, pero, al no estar prevista en el Plan General de Ordenación, por mucho interés general que tenga, la obra de la cárcel es ilegal", subraya Pulido.

El viceconsejero considera necesaria una segunda prisión en la isla, "pero el Estado no puede actuar al margen de la legalidad urbanística y territorial, y ha tenido tiempo en los últimos 15 años para haber tramitado el planeamiento y buscado el consenso social e institucional para establecer la ubicación más idónea".

Asimismo, recuerda el ofrecimiento del Ayuntamiento de Guía para analizar la posibilidad de construir el centro penitenciario en su municipio, "pero fue precisamente el PSOE quien inició un proceso de oposición y movilización en su contra".

Además, cuando se discutían los presupuestos estatales para 2007, una enmienda de Román Rodríguez (NC), apoyada por el Grupo Socialista, "suprimió una partida de unos 30 millones de euros para la rehabilitación de la cárcel militar de La Isleta, que hubiese permitido de forma provisional descongestionar y resolver la falta de espacio en la cárcel del Salto del Negro".