Carolina Darias declara que las obras de la cárcel de Juan Grande seguirán por el interés general

Las Palmas de Gran Canaria.-  La delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, afirmó hoy que la construcción de la cárcel de Juan Grande, en el sur de Gran Canaria, "va a seguir" porque "prevalece el interés general de la obra" y no hay ningún impedimento legal.

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(EFE)

En la imagen, la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, en una intervención.

Tras advertir que la policía impedirá que los vecinos paralicen las obras, Darias pidió al resto de administraciones implicadas que aúnen esfuerzos, en lugar de polemizar, para conseguir que por fin Gran Canaria tenga un nuevo centro y evitar el desarraigo familiar de los presos canarios internos en la Península.

"Los presos sufren una doble condena", afirmó la delegada del Gobierno, "la que cumplen privados de libertad y el alejamiento de sus familias, y ya está bien".

Carolinas Darias afirmó que la ubicación de la cárcel de Juan Grande en el municipio de San Bartolomé de Tirajana "no es caprichosa", cumple todos los requisitos y "desde el punto de vista de la Administración General del Estado no hay ningún impedimento legal para la obra".

La delegada expuso el firme compromiso del Gobierno de España en acometer tanto esta obra como las del resto de los centros penitenciarios proyectados en Canarias.

Recordó que estos son un centro para 1.080 celdas en Los Llanos de Juan Grande (Gran Canaria), Fuerteventura y Lanzarote; los centros de inserción social de Telde y Tenerife, con 150 plazas, y de Fuerteventura y Lanzarote, con 50 cada uno, y dos unidades de madres en Telde y Tenerife.

Resaltó la delegada "las bondades" que acarrea la construcción de un centro penitenciario, como la inversión media de 110 millones de euros en obra pública en cárceles como la de Juan Grande y la creación de cerca de un millar de puestos de trabajo.

En concreto, el modelo de cárcel que se construirá en el sur de Gran Canaria supone "la creación de 480 empleos directos, 250 indirectos y 123 inducidos", según la delegada, que explicó que el periodo de ejecución de estos centros es de veintiséis meses.

También citó los "beneficios" que este centro acarreará a los habitantes del municipio de San Bartolomé de Tirajana, como los de Aldea Blanco, Castillo del Romeral y Juan Grande, que verán mejorar su red de suministros por situarse en el área de la prisión, para lo cual se ha ampliado a diez millones de euros el presupuesto inicial previsto para esta acometida.

Explicó que la construcción de los centros penitencias está regulada por la Ley Orgánica General Penitenciaria, son actuaciones de interés público incluidos en el plan de obras de la Administración General del Estado y, por lo tanto, son "obras públicas de interés general".

Ello supone, según la normativa referida por la delegada, que la construcción de centros penitenciarios "no está sometida a licencias o a cualquier otro acto de control preventivo municipal", aunque con carácter previo deba solicitarse un informe al ayuntamiento competente sobre la adaptación del proyecto al planteamiento urbanístico.

Sobre el caso concreto de Juan Grande, Carolina Darias informó de que el 6 de marzo la Sociedad de Infraestructuras Estatales Penitenciarias (SEIP) presentó la solicitud de ese informe, pero transcurrió el plazo legal de un mes sin contestación, lo cual se entiende como silencio administrativo positivo.

"Transcurrió el plazo de un mes y el ayuntamiento no contestó", sino que lo hizo "con posterioridad", dijo Darias, quien aseguró que siempre prevalece el interés general de la obra pública estatal y tienen que ser los municipios los que adapten sus planeamientos a dichas obras.