Naciones Unidas.- Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos pidió hoy al Consejo de Seguridad de la ONU que aumente la presión sobre Sudán para que entregue a la Corte Penal Internacional (CPI) a dos acusados de crímenes de guerra en Darfur.
La petición de las ONG coinciden con una nueva comparecencia el jueves ante el Consejo del fiscal del CPI, Luis Moreno Ocampo (en la imagen), y la visita de nueve días que realiza una delegación del órgano a África, que incluye visitas a Jartum y Darfur.
La alianza que lleva a cabo la campaña "Justicia para Darfur" instó a los 15 miembros del máximo órgano de las Naciones Unidas que adopten una resolución en la que exijan el cumplimiento de las órdenes de captura emitidas por el tribunal internacional.
"Se tiene que enviar un claro mensaje al Gobierno de Sudán de que la impunidad hacia este tipo de acciones se va desvaneciendo", aseguró Richard Dicker, de Human Rights Watch (HRW), una de las agrupaciones que forma parte de la coalición.
La petición de las ONG coinciden con una nueva comparecencia el jueves ante el Consejo del fiscal del CPI, Luis Moreno Ocampo, y la visita de nueve días que realiza una delegación del órgano a África, que incluye visitas a Jartum y Darfur.
El Gobierno sudanés se niega a entregar al secretario de Estado para Asuntos Humanitarios y ex ministro del Interior, Ahmad Mohamed Harun, y al líder de las milicias "yanyawid", Ali Kaushib, a quienes se les imputan 51 cargos por delitos presuntamente cometidos durante la represión de los grupos armados de Darfur que se enfrentan a Jartum.
El presidente de turno del Consejo de Seguridad, el embajador estadounidense Zalmay Khalilzad, dijo hoy en una reunión con un grupo de periodistas que el órgano contempla adoptar próximamente una declaración sobre esta materia.
"Costa Rica es la que está a la cabeza en este asunto y es la que sopesará después de la comparecencia de mañana (de Moreno Ocampo) cuál es la respuesta adecuada", agregó.
Dickers, de HRW, recordó en una rueda de prensa que el Consejo no se pronunció en diciembre después de la última comparecencia del fiscal Moreno Ocampo, en la que pidió explícitamente que la ONU exigiera "con firmeza" la entrega de los sospechosos.
La organización responsabilizó de ese silencio a China, que es un estrecho socio comercial de Jartum y como miembro permanente del Consejo de Seguridad se ha opuesto a aumentar la presionar sobre el Gobierno del presidente Omar Bashir.
Por su parte, la directiva de la Coalición para Salvar Darfur, Niemat Ahmadi, subrayó que la posición de las autoridades sudanesas daña la credibilidad de la comunidad internacional.
"La negativa a entregar a Harun es un intento evidente del Gobierno de socavar la voluntad del Consejo y del mundo", apuntó.
Recordó que Bashir nombró a Harun como responsable de Asuntos Humanitarios, por lo que está actualmente a cargo de asistir a los refugiados víctimas de los crímenes de que se le acusa.
La fiscalía del CPI considera al alto funcionario sudanés responsable de reclutar, armar y financiar las milicias "yanyawid" cuando era viceministro del Interior, con el objetivo de complementar a las fuerzas armadas sudanesas en su enfrentamiento con los rebeldes de región occidental de Darfur.
Al otro acusado, Ali Kushayb, se le imputa haber llevado a cabo operaciones de contrainsurgencia en aldeas sospechosas de simpatizar con los rebeldes.
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