El fiscal del CPI inicia dos nuevas investigaciones sobre los crímenes en Darfur

Naciones Unidas.-  El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, anunció hoy la apertura de dos nuevas investigaciones relacionadas con crímenes cometidos en Darfur y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que exija con "firmeza" a Sudán la entrega de dos imputados por el tribunal.

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(EFE)

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, haba con periodistas, el pasado 27 de mayo. Moreno Ocampo pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que exija con "firmeza" a Sudán la entrega de dos imputados por el tribunal.

Las dos nuevas investigaciones, explicó el fiscal en un informe presentado hoy al órgano ejecutivo de la ONU, están vinculadas a la participación de funcionarios sudaneses en los ataques contra la población desplazada por el conflicto, y las agresiones por parte de rebeldes contra fuerzas de paz en la región sudanesa de Darfur.

"Estamos siendo testigos de una campaña organizada y calculada por funcionarios sudaneses para atacar a individuos y extender la destrucción del tejido social de comunidades enteras", defendió Moreno Ocampo en la sede de la ONU al presentar el informe.

Estas nuevas agresiones, señaló, son una segunda parte de la campaña de terror llevada a cabo entre 2003 y 2005 en la región sudanesa, y por cuya responsabilidad la Fiscalía del CPI ha imputado a dos personas.

En ese sentido, Moreno Ocampo solicitó al Consejo de Seguridad que envíe un "mensaje firme y unánime" a Sudán para que entregue a los dos imputados, el ex ministro del Interior sudanés Ahmad Mohamed Harun y el líder de la milicia "yanyauid" Ali Kushayb.

El fiscal indicó en su informe que el Gobierno sudanés ha integrado a las milicias en sus fuerzas de seguridad y las ha instalado en las cercanías de los grandes campos de refugiados, donde siguen intimidando a la población mediante actos de violencia como la violación de mujeres.

"Los 2,5 millones de refugiados en los campos están sometidos deliberadamente a un estado de inseguridad, rodeados por fuerzas hostiles, bajo la amenaza de que se les reubicará por la fuerza en territorios hostiles", sostiene Moreno Ocampo.

En ese sentido, apuntó que Jartum ha promovido la colonización por parte de los "yanyauid" y de 35.000 chadianos de poblaciones abandonadas por las tribus de Darfur a causa de la guerra.

Al mismo tiempo, indicó, prosiguen los ataques contra poblaciones, como el ejecutado por militares sudaneses y milicianos "yanyauid" contra la localidad de Muhajiriya el pasado 8 de octubre y el bombardeo de Adilla el pasado agosto, que instigó el desplazamiento de unas 20.000 personas.

Moreno Ocampo recordó en su informe que uno de los imputados, el ministro Harun, mantiene un puesto en el Gobierno, acompañó al presidente Omar al Bashir en una visita a Darfur y se le designó para participar en un mecanismo que supervisará el despliegue a partir de enero de la misión de paz de la ONU y la Unión Africana (UA) en Darfur.

De hecho, prosigue Moreno Ocampo, a través de su actual cargo de ministro de Asuntos Humanitarios ha llevado a cabo represiones dentro de los campos mediante la provocación de incidentes que permiten la entrada de sus fuerzas de seguridad.

Sobre el segundo foco de su nueva investigación, aseguró que su oficina "vigila con preocupación" el incremento de ataques contra convoyes humanitarios y la actual misión de paz de la UA en Darfur (AMIS), como el perpetrado por fuerzas rebeldes contra el cuartel de Haskanita el pasado 29 de octubre.

El sexto informe de la fiscalía del CPI sobre Sudán desde que el Consejo de Seguridad le refirió en 2005 la situación en Darfur despertó de nuevo la protesta de Jartum.

El embajador sudanés ante la ONU, Abdalhaleem Mohamad, acusó a Moreno Ocampo de querer "echar a perder" el acuerdo de su país con la ONU y la UA para enviar una fuerza de paz internacional a Darfur.

Negó los crímenes atribuidos a representantes del Gobierno sudanés, que dijo están basado en información equivocada proveniente de ONGs, y reiteró la negativa a entregar ciudadanos de su país al CPI.