Naciones Unidas.- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, acusó hoy a la cúpula del Gobierno de Sudán de estar implicada en la comisión de crímenes de guerra en el conflicto de Darfur.
Sin dar nombres, Ocampo aseguró en una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su investigación demuestra la existencia de "una campaña de ataques contra la población civil organizada por funcionarios sudaneses con la meta de destrozar física y mentalmente a comunidades enteras".
Sin dar nombres, Ocampo aseguró en una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su investigación demuestra la existencia de "una campaña de ataques contra la población civil organizada por funcionarios sudaneses con la meta de destrozar física y mentalmente a comunidades enteras".
El fiscal argentino añadió que "las pruebas demuestran que para la comisión de estos crímenes a esa escala, durante cinco años y por todo Darfur, se necesita una sustancial movilización de todo el aparato estatal sudanés".
En ese sentido, detalló que se ha tenido que contar con la coordinación de los servicios militares, de seguridad e inteligencia, la participación de todos los ministerios, la contribución de las "burocracias" diplomáticas y de información, y el control del poder judicial.
Ocampo recordó que la primera fase de esa campaña de terror entre 2003 y 2004 afectó a 4 millones de personas que vieron cómo efectivos sudaneses y de milicias afines "atacaban sus aldeas y usurpaban sus tierras".
La intensidad de esas ofensivas realizadas por milicias aliadas y unidades del Ejército se ha reducido desde entonces porque "hay menos aldeas por quemar y saquear, y menos civiles a los que aterrorizar y matar".
El fiscal reconoció el derecho del Gobierno sudanés de emplear la fuerza para combatir a los grupos rebeldes de esa región occidental del país y mantener el control sobre su territorio.
"Sin embargo, no hay ninguna justificación para bombardear escuelas y no hay excusas legales para la violación de mujeres, esos son crímenes preparados cuidadosamente e implementados con eficacia", agregó.
Ocampo señaló que el próximo julio presentará las pruebas que ha obtenido a los magistrados del CPI para que decidan sobre la atribución formal de cargos relacionados con estas últimas indagaciones.
De hacerlo así el tribunal, se unirían a los formulados en abril de 2007 contra el ex ministro del Interior, Ahmad Mohamed Harun, y el líder de las milicias "yanyawid", Ali Kaushib.
Ocampo reiteró su solicitud al Consejo de Seguridad de la ONU de que aumente la presión sobre Jartum para que el presidente sudanés, Omar Bashir, decida cumplir "con sus obligaciones bajo la legislación internacional".
Jartum se niega a cumplir la orden de captura de los dos imputados, e incluso posteriormente nombró a Harun secretario de estado para Asuntos Humanitarios con la responsabilidad de asistir a las víctimas del conflicto.
El fiscal aseguró que las tácticas de terror siguen siendo utilizadas en los campos de refugiados en donde se hacinan más de dos millones de personas.
Las milicias "yanyauid", integradas en el aparato de seguridad sudanés, permanecen estacionadas cerca de esos asentamientos donde "la inseguridad y el crimen están organizados", dijo.
Advirtió que la violación de mujeres, la inadecuada distribución de alimentos, la usurpación de tierras y las agresiones a los líderes comunitarios en los campos son "sistemáticos".
"Las autoridades sudanesas protegen a los criminales y no a las víctimas. La negación de los crímenes cometidos y los intentos por trasladar su responsabilidad son otra de las características del plan criminal de Darfur", agregó.
Tras la intervención del fiscal, el ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica, Bruno Stagno Ugarte, cuyo país es el encargado de esta materia dentro del Consejo de Seguridad, abogó por incrementar la presión sobre Jartum.
"El Consejo debe dejar de anteponer las necesidades políticas al imperativo de la Justicia", valoró el ministro durante la reunión de ese órgano.
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