Santiago de Compostela.- El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, anunció hoy que el Gobierno gallego remitirá al Parlamento un informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de declaración de bienes patrimoniales y actividades de altos cargos, cumpliendo así con la Ley de Transparencia.
El Presidente de la Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño durante una conferencia en el Club Faro, en Vigo, con motivo de las Elecciones Generales.
En rueda de prensa tras la reunión del Consello de la Xunta, Pérez Touriño recordó su compromiso de remitir a la Cámara autonómica este informe, una iniciativa que se producirá "por primera vez en la historia de la autonomía" y a la que deberá suceder la publicación en la página web institucional de la Xunta de las declaraciones de actividades de altos cargos.
Según el jefe del Ejecutivo autonómico, los 156 altos cargos de la Xunta cumplieron con su obligación.
La referencia del Consello de la Xunta detalla que el documento que remitirá la Xunta alberga dos registros clasificados por Consellerías y por el cargo público que ocupan sus titulares, con datos a fecha 20 de febrero de 2008 excepto en lo que afecta a los cargos nombrados en los tres últimos meses, por ser éste el plazo establecido para formalizar las declaraciones.
La Ley de Transparencia y Buenas Prácticas establece la obligación de publicar las declaraciones de intereses y actividades de altos cargos cuyo nombramiento sea efectuado por decisión del Consello, así como la de dar anualmente cuenta del registro de bienes patrimoniales al Parlamento, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Cámara y "sin que hasta el momento actual se haya desarrollado esta previsión normativa", añade la referencia.
El Gobierno gallego considera además necesario un nuevo marco que sirva para desarrollar la organización y funcionamiento de los registros y declaraciones que se inscriban en ellos, cuyos contenidos normativos están "superados en la actualidad", asegura la referencia del Consello de la Xunta.
Por ello, está en trámite un nuevo decreto que regulará los registros de actividades y bienes patrimoniales de altos cargos del Gobierno, para cuyo fin se creará la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas, que será el órgano competente de la gestión del régimen de incompatibilidades de altos cargos y estará adscrito a la Consellería de Presidencia.
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