Santiago de Compostela.- El Consello de la Xunta aprobó hoy el decreto que regula los registros de actividades y de bienes patrimoniales de los altos cargos de la Xunta, dentro del marco de la Ley de Transparencia.
El presidente del Gobierno autonómico, Emilio Pérez Touriño, señaló en rueda de prensa que esta normativa establecerá un registro de actividades "público", que figurará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en internet.
Además, mediante este decreto se creará la "Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas", que se encargará del mantenimiento y gestión de este registro de actividades, así como del que se ocupe de los bienes patrimoniales de los altos cargos.
En este sentido, Pérez Touriño destacó que la normativa recoge "estrictamente" la incompatibilidad de determinados cargos públicos con el desempeño de otra función, con el objetivo de "garantizar la independencia, imparcialidad y objetividad" de su trabajo.
Esta restricción se extenderá también a los dos años siguientes al cese de la función de los altos cargos, ya que éstos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con el puesto que habían desempeñado, explicó el presidente de la Xunta.
Por ello, deberán poner en conocimiento de los gestores de este registro de actividades el trabajo, público o privado, que van a llevar a cabo tras dejar su puesto.
Además, aquellos que accedan a uno de los cargos públicos afectados por el decreto deberán suscribir una declaración en la que conste que no incurren en ninguna incompatibilidad.
Esta normativa, que entrará en vigor tras su publicación en el DOG, regula también el registro de los bienes patrimoniales de estos altos cargos, al que tendrán acceso instituciones como el Parlamento, los organismos judiciales o el Valedor do Pobo, destacó Pérez Touriño.
De este modo, en este registro figurarán los "bienes, derechos y obligaciones patrimoniales" de estos cargos, además de sus "valores y activos financieros", entre otros asuntos.
El decreto aprobado hoy obliga también a las Consellerías, organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones del sector público y entidades de derecho público dependientes de la Administración autonómica a comunicar a la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas los nombramientos y ceses de los altos cargos.
La administración autonómica, en concreto, los titulares de las secretarías generales de la consellerías, tendrán también que colaborar en la difusión de las obligaciones legales en lo que respecta a la incompatibilidad de altos cargos.
En concreto, entre los cargos públicos afectados por esta norma se encuentran los miembros del Gobierno autonómico, los secretarios y directores generales, delegados del ejecutivo gallego, y presidentes o responsables de entidades o fundaciones vinculadas a la Administración Autonómica.
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