Las relaciones entre Colombia y Venezuela vuelven a tensionarse tras la propuesta de Chávez

Bogotá.-  La distensión que suponía en la relación entre Colombia y Venezuela la entrega de dos rehenes en poder de las FARC al presidente Hugo Chávez, fue apenas una ilusión de unas horas en las que hubo agradecimientos de parte y parte, pero poco después volvieron las recriminaciones de cada lado.

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(EFE)

La propuesta de Chávez del viernes de abolir el calificativo de terroristas y dar estatus de beligerancia a las guerrillas de las FARC y el ELN, volvió a crispar el ambiente.

La propuesta de Chávez del viernes de abolir el calificativo de terroristas y dar estatus de beligerancia a las guerrillas de las FARC y el ELN, volvió a crispar el ambiente que desde finales de noviembre pasado envuelve las relaciones entre Caracas, que retiró a su embajador, Pável Rondón, desde entonces, y Bogotá.

Chávez hizo la declaración un día después de que las FARC liberaran a la ex candidata a la vicepresidencia de Colombia Clara Rojas, secuestrada desde el 2002, y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo, cautiva desde el 2001.

El ex ministro colombiano de Relaciones Exteriores y miembro de la Comisión Nacional de Conciliación (CNC), Augusto Ramírez, dijo hoy que "es inaceptable que Colombia caiga bajo la extorsión o el chantaje" de la fórmula de Chávez, que exige "reconocer como no terroristas a quienes lo son, para mejorar la relación" entre los dos países.

Esa propuesta, según Ramírez, está "por fuera de las normas internacionales, de los procedimientos de Ginebra", y significa una "intervención indebida" del mandatario venezolano en Colombia.

El ex funcionario recordó que la comunidad internacional, la Unión Europea (UE), "que actúa unánimemente", declaró terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como lo hizo del también rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los grupos paramilitares de ultraderecha.

La UE lo hizo, dijo, porque "evidentemente son organizaciones armadas que han hecho tropelías incalculables", no respetan el Derecho Internacional Humanitario (DIH), usan armas indiscriminadas y mantienen en situación de oprobio espantoso a quienes secuestran, con unos "métodos condenados internacionalmente", entre otros.

Ramírez recordó que la legislación colombiana permite diálogos con organizaciones armadas ilegales sin necesidad de que tengan reconocimiento político.

El ex ministro, quien estuvo a finales del siglo pasado a nombre de la ONU como delegado en el proceso de paz de El Salvador, recordó que las FARC tiene actualmente unos 744 secuestrados, de ellos más de 700 civiles, que no están involucrados en el conflicto y son excluidos por el DIH expresamente del mismo.

Las declaraciones del mandatario venezolano causaron revuelo en Colombia, donde las FARC, con unos 17.000 integrantes, luchan contra el Estado, y son consideradas la mayor fuerza secuestradora, con al menos 700 rehenes en su poder, y una organización dedicada al narcotráfico, de acuerdo con fuentes oficiales.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, le había pedido en agosto pasado a Chávez y a la congresista opositora colombiana Piedad Córdoba que mediaran en busca de un acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados, pero en noviembre último se puso fin a esa gestión.

Sin embargo, el 21 de noviembre Uribe terminó las gestiones de Chávez y Córdoba por las llamadas de éstos al alto mando militar del país, lo que molestó al presidente venezolano y generó la peor crisis diplomática de los últimos años.

El ex presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), durante cuyo gobierno las FARC fueron incluidas en la lista de organizaciones de terroristas por la comunidad internacional, afirmó que "es un imposible moral" aceptar la exigencia de Chávez, que consideró además como un "chantaje e intervención en asuntos internos de otro país".

Según Pastrana, es por lo menos curioso que el presidente venezolano hubiera salido el viernes, luego de la liberación de Rojas y González de Perdomo, a pedir y respaldar el estatus político para esta organización armada ilegal.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, dijo que el terrorismo hay que describirlo por sus acciones y "mas allá de la voluntad de los gobiernos, de las consideraciones políticas que hagan los gobernantes" no se puede pasar por encima del ordenamiento jurídico que define esas conductas.

Dijo que la guerrilla sólo cuando se comprometa a respetar de manera "irrestricta las normas protectoras de DHI" dejará de ser terrorista.

"Las FARC aún en sus proclamas tienen propósitos políticos pero es evidente que hacen uso de métodos que lesionan gravemente la conciencia de la humanidad e incurren en conductas constitutivas de actos de terrorismo", puntualizó Pérez.