Uruguay decide sobre los crímenes de la dictadura y el voto de sus emigrantes

Montevideo.-  Los uruguayos podrán decidir el 25 de octubre sobre el fin de la impunidad de los delitos cometidos por la dictadura (1973-1985) y la posibilidad de dar voz y voto por correo a los cientos de miles de sus conciudadanos que viven fuera del país.

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Estos dos plebiscitos coincidirán ese día con unas elecciones generales tan disputadas como la batalla que enfrenta a los partidarios de anular la llamada Ley de Caducidad y quienes se oponen a dar ese paso y juzgar la "memoria histórica" de la nación.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, popularmente conocida como Ley del "punto final" o de la "impunidad", fue aprobada por el Ejecutivo en 1986, al retomar Uruguay su senda democrática.

La norma puso fuera del alcance de la justicia a los policías y militares (no a civiles) autores de secuestros, torturas, asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura.

Esta dejó un saldo de 38 desaparecidos en este país, otros 182 en Argentina, ocho más en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil, según la Comisión para la Paz que investigó estos casos de 2000 a 2003.

En 1989, la Ley de Caducidad fue respaldada en plebiscito por un 57 por ciento de los uruguayos, pero las fuerzas sindicales y las asociaciones de izquierda que impulsan la nueva consulta alegan que entonces la población votó coaccionada por el importante papel que aún jugaban los militares en la política nacional.

Sin embargo, ya desde su promulgación la ley dejaba resquicios judiciales que fueron aprovechados por la coalición de izquierdas Frente Amplio para procesar a algunos destacados protagonistas de aquellos hechos tras llegar al poder el 1 de marzo de 2005.

Su líder y actual presidente del país, Tabaré Vázquez, dejó fuera de la Ley de Caducidad algunos de los más sonados casos, pero sin llegar a promover la anulación de la normativa, por lo que ahora, aquellos que se oponen a la nulidad acusan al Gobierno de electoralismo.

Esa interpretación de la ley, al excluir de su amparo a los casos ocurridos fuera de Uruguay, permitió procesar y encarcelar a ocho ex policías y ex militares, y a los ex dictadores Gregorio "Goyo" Álvarez (1981-1985) y Juan Bordaberry (1973-1976), quien cumple arresto en su domicilio por razones de salud.

En 2007, la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad puso en marcha la campaña para la anulación y en abril pasado presentó 324.000 firmas, muchas más de las 250.000 requeridas para convocar un plebiscito.

Esta campaña fue apoyada por destacados líderes del Frente Amplio y algunos políticos de la oposición, aunque en el caso del Partido Nacional y del Partido Colorado, los tradicionales del país, la opinión más extendida es de rechazo a la consulta o de libertad de voto para los militantes.

El ex dirigente guerrillero tupamaro José "Pepe" Mujica, candidato del Frente Amplio a la Presidencia de Uruguay en las elecciones del 25 de octubre, ha sido uno de esos paladines de la campaña para anular la ley.

El pasado febrero, la Asamblea General que reunió a las dos cámaras del Parlamento uruguayo con mayoría del Frente Amplio, entregó a la Suprema Corte de Justicia su dictamen a favor de declarar inconstitucional esa norma.

Los detractores de la anulación, entre ellos ex militares, ex policías y familiares de víctimas de la guerrilla de los tupamaros, han acusado al Gobierno de izquierdas de fomentar la "persecución" y el odio con su interpretación de la Ley de Caducidad y la posibilidad de remover el pasado con nuevos juicios.

La revisión de la ley supone un acto de "revancha" de aquellos "que fueron militarmente derrotados", dijo el ex comandante en jefe del Ejército Raúl Mermot.

Para anular la Ley de Caducidad se necesita la mitad más uno de los votos válidos depositados en el plebiscito, al igual que ocurre con la consulta sobre el sufragio a distancia para los uruguayos radicados en el extranjero, que se vota el mismo día.

Aunque no hay cifras oficiales, se presume que al menos 600.000 uruguayos viven en el exterior y, según la legislación actual, si desean participar en las elecciones, que en el caso de las generales es obligatorio, deben viajar a Uruguay.

Los uruguayos habilitados para votar en las elecciones del 25 de octubre son 2.563.397.

Destacados políticos de los partidos Nacional y Colorado han rechazado el voto por correo, porque en su opinión "debilita" el sistema electoral al no asegurar la correcta identificación del votante.

Según las últimas encuestas, un 51 por ciento de los uruguayos respalda la reforma a favor del sufragio a distancia.

En lo que se refiere a la Ley de Caducidad las cosas no parecen tan claras: la anulación tiene el apoyo del 48 por ciento de los uruguayos, mientras que el 34 por ciento está a favor de mantenerla y el 18 por ciento se declara indeciso.