El PP y Rabanal discrepan del coste de anular el reglamento de impuesto a los híper

Oviedo.-  El consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, y el PP han discrepado hoy sobre el quebranto económico que puede suponer para la administración autonómica la decisión de los tribunales de anular el reglamento que desarrolla el impuesto a las grandes superficies, que se viene cobrando desde el año 2003.

Rabanal y el parlamentario popular Ramón García Cañal han mantenido esta discrepancia en la Junta General del Principado durante el debate de una interpelación del diputado del PP al Gobierno tras la sentencia dictada el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo, que ratifica la resolución dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Este tributo fue recurrido por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.

En enero de 2006, y sin entrar a valorar el fondo de la norma, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el reglamento como consecuencia de la ausencia de un informe previo que debió haberse solicitado al Consejo Asesor de Comercio del Principado.

Rabanal ha reiterado que la resolución judicial se debe a un problema de procedimiento a la hora de aprobar el reglamento y ha garantizado que en el mes de noviembre se habrá aprobado un nuevo texto que sustituya al anterior.

Según el consejero, a pesar de ambas resoluciones judiciales "el impuesto sigue vigente" y se ha venido cobrando desde su implantación a la vez que ha cifrado en un máximo de 3,5 millones de euros el quebranto que supondría para el Principado la anulación del tributo.

Por su parte, García Cañal ha acusado al Gobierno de "vulnerar la Ley" tras conocer la sentencia negativa de ambos tribunales y ha subrayado que, en contra de lo afirmado por Rabanal, la propia Consejería ha admitido por escrito que la cantidad que perdería la administración regional se elevaría a 35 millones de euros.

Tras conocerse la sentencia el pasado mes de julio, el Gobierno aseguró que el informe previo del Consejo Asesor de Comercio no se había solicitado porque dicho órgano consultivo se constituyó después de la tramitación del reglamento anulado por los tribunales.

Según el Gobierno, esta sentencia no afecta a la validez del impuesto sobre grandes superficies que se recauda desde 2003 y considera que ni el TSJA ni el Supremo se han pronunciado sobre el contenido de la norma anulada o del impuesto que se desarrolla.