Miami (EE.UU.).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy el ataque con granada perpetrado la semana pasada contra las instalaciones del semanario Ríodoce de Sinaloa (México) e instó a las autoridades a llevar a los responsables ante la justicia.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, del periódico colombiano El Tiempo, expresó su solidaridad con los periodistas y trabajadores del semanario y condenó la agresión "que se enmarca en el clima de violencia e impunidad que se vive en diversas partes del país". EFE/Archivo
Según la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP en México, una granada fue lanzada en la madrugada del pasado 7 de septiembre contra las instalaciones del semanario Ríodoce de Sinaloa (noroeste de México) y la explosión causó daños en la fachada e interior del inmueble.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, del periódico colombiano El Tiempo, expresó su solidaridad con los periodistas y trabajadores del semanario y condenó la agresión "que se enmarca en el clima de violencia e impunidad que se vive en diversas partes del país, donde el crimen organizado es el que impone las reglas de juego".
Colegas de otros medios consultados por la URR consideraron que el ataque es una clara advertencia por los reportajes de investigación que realiza ese medio sobre asuntos políticos, sociales y del crimen organizado.
Desde 2005 se han registrado en México nueve actos violentos contra sedes de medios de comunicación en los estados Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León, Sonora, Coahuila y Sinaloa. Ninguno de estos casos ha sido resuelto.
Por otro lado, la SIP calificó de acto de "censura" la revocación de la licencia de difusión de la radio La Voz de Bagua, en la provincia de Bagua, al noroeste de Perú, e instó a la autoridad encargada a reconsiderar la decisión.
La retirada de la licencia ocurrió luego de que funcionarios del Gobierno acusaron públicamente a la radio de promover la violencia, tras un enfrentamiento ocurrido el 5 de junio en Bagua que dejó 24 policías y 10 civiles muertos.
El propio ministro de Transporte y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, anunció en dicha fecha que investigaría y sancionaría a emisoras radiales de la zona que "incitaron a la violencia". Tres días más tarde la radio fue notificada sobre la resolución que la deja fuera del aire.
"Si bien los organismos reguladores tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley, consideramos que esta resolución extrema se asemeja más a un acto de censura, ya que se podría haber basado en discrepancias con su línea editorial", dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, del diario estadounidense San Antonio Express-News.
En un comunicado el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) cuestionó la resolución que tildó de "precipitada y arbitraria" y que, dijo, afecta a la libertad de prensa y de expresión en Perú.
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