La SIP condena el decreto del Gobierno hondureño que avala el cierre de medios

Miami (EE.UU.).-  La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su rechazo al reciente decreto del Gobierno de Honduras que permite la revocación de licencias a emisoras de radio y canales de televisión que, según el Estado, atentan contra la seguridad nacional.

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(EFE)

En la imagen, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el colombiano Enrique Santos Calderón. EFE/Archivo

En un comunicado, la SIP, con sede en Miami (EE.UU.), consideró que la medida supone un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho de todos los hondureños a recibir información crítica.

Según el decreto ejecutivo Número 124-2009, publicado el pasado 7 de octubre por el diario oficial La Gaceta, se culpa a algunos medios de generar un "régimen de anarquía social" que propicia el "vandalismo hasta llegar a atentar contra la paz social y la seguridad del Estado".

Por ello, a quienes "emitan mensajes que generen apología al odio nacional" se les "podrá revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes (permisos y licencias)", advierte el documento oficial.

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó que "es inaudito que en un Gobierno donde se dice que prevalecen las leyes y la Constitución se creen decretos que niegan el derecho de igualdad ante la ley, que pueden crear censura previa y que desconocen todas las legislaciones que ya regulan los supuestos delitos que este mandato trata de penalizar".

Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), organismo estatal encargado de otorgar licencias y permisos, clausuró el 28 de septiembre pasado el Canal 36, Radio Globo y la repetidora radio La Catracha, identificados con el depuesto presidente Manuel Zelaya.

Santos Calderón, de El Tiempo de Colombia, agregó que "éste no es más que un método y excusa flagrante de censura que podrá ser utilizado para justificar el cierre de cualquier medio que tome una posición crítica contra el Gobierno o sus funcionarios".

"Es un abuso de privilegio de parte del estado contra todos los ciudadanos", apostilló.

El decreto establece que "cuando los medios de comunicación atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, se hace imperativo ejecutar las regulaciones establecidas en la legislación vigente en conformidad a la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos".

De modo que el Estado, "como propietario del espectro radioeléctrico", podrá revocar o cancelar el uso de "títulos habilitantes (permisos y licencias) otorgados por Conatel a los operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión".

Con esta medida, el Gobierno quiere evitar que se "emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos".

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, solicitó por su parte la derogación del nuevo decreto e insistió en la reapertura de los medios clausurados, así como en la "plena vigencia de la libertad de prensa y expresión como condición indispensable para resolver el conflicto interno".