Santiago de Chile.- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó hoy y envió al Congreso un proyecto de ley que termina con la llamada "Ley Reservada del Cobre" y establece un nuevo sistema para financiar a las Fuerzas Armadas del país.
En un acto al que asistieron los jefes de las distintas instituciones militares, la mandataria detalló la iniciativa legal, que incorpora al sistema general del Estado el gasto en equipamiento bélico y sus costos asociados. EFE/Archivo
En un acto al que asistieron los jefes de las distintas instituciones militares, la mandataria detalló la iniciativa legal, que incorpora al sistema general del Estado el gasto en equipamiento bélico y sus costos asociados.
Las Fuerzas Armadas chilenas se financian hasta ahora con recursos procedentes del cobre, el principal producto del país, específicamente con el equivalente al 10 por ciento de las ventas brutas de la estatal Corporación del Cobre (Codelco), principal productora mundial de este metal.
Dicho mecanismo, impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ha permitido a las instituciones castrenses renovar en los últimos años sus equipos, incorporando material moderno y de alto nivel tecnológico.
Tras la aprobación del proyecto de ley, estas adquisiciones serán financiadas con los recursos que anualmente considera la Ley de Presupuesto para el sector Defensa, dijo hoy la presidenta Bachelet.
"Se pone término a una anomalía financiera fiscal, que representaba la existencia de un sistema especial para un sector específico", subrayó.
Explicó además que al eliminarse esta obligación de Codelco, la compañía pasará a operar como todas las empresas públicas, es decir, pagará los demás impuestos que le corresponden y sus excedentes se traspasarán al Fisco, en el marco de la discusión presupuestaria de cada año.
La medida, según la mandataria, "va a repotenciar" a la empresa estatal, en cuanto a papel como "actor minero mundial".
El proyecto, que Bachelet se propuso sea aprobado antes del término de su mandato, el próximo marzo, introduce además una completa transparencia sobre la gestión financiera de la Defensa ante los poderes públicos, pero asegura la necesaria reserva en el tratamiento presupuestario del sector.
La iniciativa, además, "reconoce y garantiza las necesidades de financiación de largo plazo" de las Fuerzas Armadas, estableciendo ciclos de planificación de doce años, divididos en períodos de cuatro años, correspondientes a los mandatos presidenciales", explicó Michelle Bachelet.
De este modo, cada gobernante podrá ir "readecuando, cada año, el presupuesto de la Defensa para poder incorporar criterios como la necesidad de adquisiciones militares, conforme a las prioridades programáticas y a la evolución de las necesidades estratégicas del país", añadió.
Afirmó que, de ese modo, el proyecto busca establecer una sólida lógica y una racionalidad presupuestaria, "porque va a obligar a que el Gobierno explique al Congreso las razones por las cuales se propone una u otra compra".
"Pero esas razones van a ser parte de lo que es la planificación estratégica, tanto conjunta como de cada rama", puntualizó.
También el proyecto crea un Fondo de Contingencia de la Defensa, que inicialmente será sustentado con los actuales excedentes de la Ley Reservada del Cobre.
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