Bogotá.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se constituyó hoy en parte civil dentro del proceso penal abierto en Colombia contra implicados en una campaña ilegal de escuchas y seguimientos desde la central de inteligencia del Estado, dijeron fuentes de organizaciones no gubernamentales (ONG).
La misión estuvo conformada por personalidades internacionales y nacionales que fueron fotografiadas por los agentes. EFE/Archivo
La vinculación de la FIDH como parte civil en la causa fue formalizada ante el fiscal general interino de Colombia, Guillermo Mendoza, por una misión del organismo de defensa de los derechos humanos que visita el país.
Una fuente de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR) precisó a Efe en Bogotá que la delegación de la ONG la conforman Soraya Gutiérrez, Juan Carlos Capurro y Luis Guillermo Pérez, en su orden vicepresidenta para América, vicepresidente y secretario general de la FIDH.
La misión es acompañada por Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano independiente de la OEA que a mediados de este mes denunció que había sido víctima de espionaje por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal).
La central de inteligencia, que depende de la Presidencia de Colombia, quedó envuelta en un gran escándalo tras unos recientes informes periodísticos sobre escuchas y seguimientos a magistrados, políticos opositores, periodistas y representantes de organismos no gubernamentales.
La CCAJAR explicó que la FIDH se hizo parte civil en este proceso por cuanto una misión de la ONG que visitó Colombia en febrero de 2004 "fue seguida minuciosamente por el DAS".
La misión estuvo conformada por personalidades internacionales y nacionales que fueron fotografiadas por los agentes, que también fotocopiaron sus pasaportes, agregó la fuente, e indicó que la misma central hizo seguimientos a las ONG de Colombia que hacen parte de la FIDH.
Se trata del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDDH), la Organización Femenina Popular (OFP) y el Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos (ILSA), además de la CCAJAR.
Estos casos se constituyen en "la prueba más fehaciente de la ausencia de voluntad política del Gobierno de renunciar definitivamente a la persecución contra los defensores y defensoras de derechos humanos", según lo consideró la FIDH al constituirse en parte civil del proceso penal.
Es, agregó la misma ONG, una práctica que "reafirma la política oficial no declarada de cerrar espacios y negar garantías a las organizaciones de derechos humanos, así como de perseguir sistemáticamente a sus integrantes".
La delegación de la FIDH está en Bogotá desde el pasado martes y viajará mañana de regreso a París, sede del organismo, indicó la CCAJAR, que señaló que durante su estancia ha mantenido reuniones con funcionarios gubernamentales y estatales, diplomáticos extranjeros y representantes de varias ONG.
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