Washington.- La CIDH otorgó nuevas medidas cautelares a cinco hondureños para proteger su vida e integridad física tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio, y ha pedido al nuevo Gobierno información sobre desapariciones y detenciones.
Ésta es la novena ocasión en la que la CIDH otorga medidas cautelares a hondureños a raíz del golpe de Estado, en el que Roberto Micheletti fue nombrado como presidente. EFE/Archivo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Gobierno de Roberto Micheletti el viernes de las medidas que ha tomado y de la información solicitada, informó hoy el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las medidas cautelares fueron otorgadas a Gerson Evelar Vilches Almendares, que habría sido visto vivo por última vez en manos de agentes del Estado; al abogado Eduardo Castañeda Perdomo, que habría sido perseguido por militares; a Norma Estela Mejía, vicepresidenta del sindicato Sitrajerzeesh, que habría recibido amenazas de muerte por su oposición al golpe de Estado.
La CIDH también ha emitido esas medidas de protección para Daniel Durón, líder nacional de la Central General de Trabajadores (CGT) y que habría recibido amenazas a muerte y para Evangelina Argueta, dirigente de la CGT, que habría recibido amenazas por su oposición al golpe de Estado, explica la comisión.
Ésta es la novena ocasión en la que CIDH, que viajará del 17 al 21 de agosto a Honduras para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos en ese país centroamericano, otorga medidas cautelares a hondureños a raíz del golpe de Estado.
La CIDH solicitó además a Tegucigalpa información sobre la muerte del maestro Roger Vallejos Soriano, quien habría recibido un disparo en la cabeza el 30 de julio y posteriormente habría fallecido.
Por su parte, la comisión también pidió datos sobre la situación y el paradero de más de cien personas detenidas en manifestaciones posteriores al golpe de Estado en Comayagüela, Posta del Danlí, en la frontera con Nicaragua y en San Pedro Sula.
Por último, la CIDH requirió a Honduras que sobre la situación de Radio Globo, que denunció recientemente haber recibido una notificación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras, con la petición de un abogado que presuntamente tiene oficina en la auditoría jurídico-militar, que solicitó suspender al medio por ser usado para cometer delitos de sedición.
También quiere información sobre un presunto ataque con un artefacto explosivo contra las instalaciones del Canal 6, en San Pedro Sula, sobre una manifestación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, que habría sido reprimida por las fuerzas militares, el Comando de Operaciones Especiales "Cobra" y personal de la Policía Antimotines.
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