Washington.- El designado embajador de Honduras ante la Casa Blanca, Enrique Reina, señaló hoy que el depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, anunciará medidas contra el Gobierno de facto si no se llega a una solución tras las negociaciones del sábado en Costa Rica.
Zelaya, que fue derrocado el pasado 28 de junio y sacado del país, ha dado un plazo de 72 horas al Gobierno de facto si no se llega a una solución en las conversaciones del sábado para tomar medidas de presión.
Zelaya, que fue derrocado el pasado 28 de junio y sacado del país, ha dado un plazo de 72 horas al Gobierno de facto si no se llega a una solución en las conversaciones del sábado para tomar medidas de presión.
El embajador, que ha sido designado por Zelaya aunque todavía no cuenta con el beneplácito del Departamento de Estado de EE.UU., señaló que si en ese periodo no se llega a un acuerdo, el presidente depuesto anunciará estas medidas, que no quiso adelantar.
"Después de estas 72 horas, retornará al país en algún momento y veremos, pero no quisiera adelantarme y esperar a lo que el mismo presidente anunciará", dijo Reina.
Preguntado por si podría tratarse de medidas militares, Reina contestó: "probablemente no serán militares, sino con el apoyo de la gente".
"No estamos buscando ninguna respuesta militar de parte de nadie", dijo Reina, que mostró su disposición de escuchar las propuestas de la ONU y de la OEA.
El futuro embajador señaló que Zelaya "está dispuesto al diálogo y a caminos de entendimiento, pero tiene que regresar al poder como manda la Constitución".
Una vez de vuelta, señaló que "si hay algún procedimiento se seguirá, siempre y cuando, se garantice que le permitan responder bajo un marco legal".
En cuanto a las posibilidad de una amnistía o de un adelanto de las elecciones, previstas para noviembre, como posible solución reiteró que Zelaya está abierto al diálogo, "pero no puede haber impunidad para ciertos actos si hay muertes, crímenes y violaciones de derechos humanos".
Además consideró que el regreso de Zelaya es "muy necesario" para que el proceso electoral de noviembre "sea completamente libre" y concluya su mandato presidencial que finaliza el 27 de enero de 2010.
Reina mostró su preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras y señaló que "la imagen de aparente calma que trata de dar el Gobierno golpista no existe" y lo acusó de controlar los medios de comunicación.
Pidió una solución pacífica y señaló que la insurrección, a la que apeló esta semana Zelaya desde Guatemala, "es un derecho del pueblo hondureño establecido en la constitución".
"Es un derecho que las personas tienen independientemente de que el llamado lo haga el presidente Zelaya o lo hagan otras instituciones", dijo.
"No hay que olvidar que la sangre de las personas fallecidas no está en la mano del pueblo que iba en una marcha si no de los golpistas", agregó.
En su papel como nuevo embajador manifestó que pedirá más presión a Estados Unidos y a otros países y continuará con la ronda de reuniones encaminadas a reinstaurar el orden constitucional en Honduras.
"Es importante establecer presiones más fuertes a este régimen como congelación de cuentas y otros procedimientos que Estados Unidos utiliza en los campos de acción de la política internacional", dijo.
Reina señaló que la supresión de las ayudas de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo a Honduras que, recordó, depende en un 70 por ciento de la colaboración exterior, "deben establecerse como medidas de presión".
Continuando con la campaña internacional de información, señaló que el próximo domingo llegarán a Washington siete diputados del Partido Liberal que representan a un grupo de 20, que no fueron convocados a la sesión del Congreso en la que se aprobó que Roberto Micheletti asumiera las funciones de presidente, tras el golpe de estado.
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