Martínez-Moya destaca la necesidad acometer una "reordenación profunda" de la justicia

Mariñán (A Coruña)/Murcia.-  El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez-Moya, afirmó hoy en Coruña que la Justicia ha de superar "los lastres del siglo XIX" y que su proceso de reforma es "algo más que una pura inversión económica", al tiempo que abogó por acometer "una reordenación profunda" del sistema.

Martínez-Moya, que esta mañana participó en tercer curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en la localidad coruñesa de Mariñán, junto a sus homólogos de Cataluña, Madrid y País Vasco, se cuestionó si lo que realmente necesita la Justicia es una reforma o una modernización tecnológica, y criticó que algunas personas focalicen sus esfuerzos "en los medios antes que en la organización".

Para Martínez-Moya la oficina judicial, el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la lucha contra la opacidad son las prioridades que tiene que afrontar la Justicia y apuntó la "falta de correspondencia entre inversión y rentabilidad" que implicaría centrarse únicamente en modernizarla tecnológicamente.

Otro de los aspectos en los que incidió el presidente del TSJ de Murcia fue en el refuerzo de las Salas de Gobierno, que calificó como órganos "poco ágiles y excesivamente formalistas", además de promover la difusión de sus acuerdos.

Asimismo, advirtió de la necesidad de acometer una reordenación profunda del mapa judicial, aspecto en el que coincidió con Vieira, ya que opinó que "no está correctamente equilibrado", lo cual "no permite tener ni un mismo terreno de juego ni unas mismas reglas".

En este sentido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, afirmó hoy que la reforma de la administración de Justicia está "abocada al fracaso" si, a pesar de aplicarse las nuevas tecnologías, la gestión de los procedimientos "sigue siendo del siglo XIX".

Como solución, propuso que se acometan reformas procesales profundas y se racionalice el acceso a la administración de Justicia, ya que está "demasiado al alcance de los ciudadanos", con lo que pretende evitar grandes abusos, además de reducir el número de asuntos.

En una línea similar se pronunció la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, quien recalcó que la función de los juzgados es "garantizar la paz social" aunque matizó que la gran avalancha de causas judiciales pendientes dificulta el trabajo.

La limitación del acceso a la jurisdicción, de los trámites procesales y la adopción de una serie de medidas para reorganizar la administración de justicia gratuita fueron algunos de los argumentos a los que aludió la presidenta del TSJ catalán durante su intervención.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue el último en intervenir de los ponentes, por lo que hizo suyas muchas de las afirmaciones de sus homólogos y resaltó la necesidad de emprender una reforma profunda de la administración de Justicia, al tiempo que insistió en que hay que adoptar "medidas urgentes".