La OEA da su respuesta más enérgica en favor de la democracia en 20 años

Washington.-  La Organización de Estados Americanos (OEA), acusada a menudo de carecer de peso político real, ha dado su respuesta más enérgica en defensa de la democracia en el continente americano en 20 años con la suspensión de Honduras de su seno por el reciente golpe de Estado.

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La suspensión de Honduras por no haber cumplido con el plazo de 72 horas dado al nuevo Gobierno de Roberto Micheletti para restaurar la democracia, el estado de derecho y restituir al depuesto presidente, Manuel Zelaya, tras el golpe de Estado del pasado domingo, es la primera que se produce en el seno de la OEA desde que se firmó la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre de 2001 en Lima.

Es además la segunda suspensión en la historia de la OEA desde la exclusión en 1962 de Cuba del Sistema Interamericano por sus vínculos con el bloque chino-soviético.

La respuesta del máximo organismo regional es la más dura y contundente que ha tomado desde el golpe de Estado que se produjo en 1991 en Haití, cuando el general Raoul Cedras derrocó a Jean Bertrand Aristide a los siete meses de presidir el país más pobre de América, según las fuentes consultadas.

El secretario general del organismo interamericano, José Miguel Insulza, dijo a Efe que la respuesta de la OEA ante la situación en Honduras tiene tanto peso como la de Haití, pero reconoció que "en el medio no ha habido ninguna tan importante".

En el caso de Haití, la OEA decidió aislar política, diplomática y económicamente a Haití para forzar a Cedras a restituir en el poder a Aristide y enviar una misión formada por cancilleres y el entonces secretario general, Joao Clemente Baena Soares, a ese país para buscar la restitución del poder constitucional en Haití.

Fue la primera vez en la historia de la OEA en que los Estados miembros promovían la restitución de un presidente constitucional.

En el caso de Honduras, el organismo regional ha adoptado medidas, posturas y gestiones muy similares, aunque añadió presión al imponer al nuevo Gobierno de Roberto Micheletti un ultimátum de 72 horas para la restauración de la democracia, el estado de derecho y para restituir al presidente depuesto, Manuel Zelaya, y procedió a la suspensión de ese país, basándose en la Carta Democrática Interamericana, que en 1991 aún no existía.

La suspensión a Honduras y el ultimátum dado anteriormente al gobierno de facto son un reflejo de una nueva realidad de la OEA, que, a pesar de las múltiples críticas en su contra, sale con energía y decisión de la sombra y se hace valer en la arena internacional.

El mandatario de Paraguay, Fernando Lugo, quien asistió a la XXXVII Asamblea General Extraordinaria junto a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, destacó que lo ocurrido en Honduras "es más que nunca un desafío y una oportunidad para que sea realmente la Organización de los Estados Americanos".

Con esta suspensión, la OEA se ha colocado en el primer plano de la actualidad internacional como organismo que trata de prevalecer la democracia en el continente americano.

Mientras, Honduras ya no podrá ejercer su derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás organismos hermanos de la OEA.

Eso implica, en la práctica, más allá del aislamiento político y diplomático, la pérdida para Honduras de las ayudas económicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su exclusión de la Junta Interamericana de Defensa (JID), aunque tendrá que seguir cumpliendo sus obligaciones como miembro de la OEA, especialmente en materia de derechos humanos.

La resolución aprobada a última hora del sábado alienta a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales a que revisen sus relaciones con Honduras, lo que podría implicar sanciones de diferentes niveles y formas, económicas, políticas y diplomáticas.

Con todo, la OEA ha dado su respuesta más enérgica desde 1991, pero el paso que ha dado limita por otro lado claramente su margen de maniobra para poder seguir influyendo en el desarrollo de los acontecimientos de Honduras, cuyo Gobierno actual además no quiere relacionarse con este organismo.