TEGUCIGALPA.- Cuando se cumple este martes un mes del golpe de Estado en Honduras, la solución a la crisis política parece cada vez más lejos. La intermediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, no logró que las partes llegaran a un acuerdo, por el contrario, radicalizó aún más las posturas de quienes buscan el regreso del derrocado mandatario, Manuel Zelaya, y de aquellos que apoyan al Gobierno 'de facto' de Roberto Micheletti.
Cuando se cumple este martes un mes del golpe de Estado en Honduras, la solución a la crisis política parece cada vez más lejos. La intermediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, no logró que las partes llegaran a un acuerdo, por el contrario, radicalizó aún más las posturas de quienes buscan el regreso del derrocado mandatario, Manuel Zelaya, y de aquellos que apoyan al Gobierno 'de facto' de Roberto Micheletti.
Ahora Honduras está sumergida en una de las peores crisis políticas que ha vivido Centroamérica en los últimos 20 años, sembrando el temor ante la posibilidad de que la época de los golpes de Estado vuelva a la región con la misma fuerza que en las décadas de los setenta y ochenta.
Las posibilidades de un acercamiento son remotas. Zelaya ha dado por fracasado el diálogo y ha rechazado el Acuerdo de San José, pese a que el documento propone una amnistía política de los delitos que se le acusan. Micheletti, quien está dispuesto a renunciar para poner fin a la crisis, ha decidido dejar la decisión en torno de este acuerdo en manos del Congreso, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Hasta el pasado viernes se hablaba de un eventual repunte del conflicto después de que Zelaya cruzara la frontera con Nicaragua y pisara territorio hondureño. Pero la estancia en su país de origen apenas duró unos minutos. Poco después regresó al lado nicaragüense y se asentó en el puesto fronterizo de Las Manos donde, según ha dicho, permanecerá por tiempo indefinido.
El mandatario interino ha asegurado que el Ejército no detuvo al presidente derrocado a su entrada al país centroamericano para no provocar un conflicto con otros países. Aunque esta premisa podría no tener validez en los próximos días ya que, posteriormente, aclaró que si Zelaya "entra a territorio hondureño con esas condiciones que tiene, será arrestado".
Las fronteras siguen militarizas y el toque de queda aún permanece vigente en todo el país. Las protestas promovidas por los simpatizantes de Zelaya siguen protagonizando las calles de las principales ciudades del país, extendiéndose a las zonas cercanas a Nicaragua donde han creado un cordón de seguridad para proteger al presidente derrocado.
Micheletti sigue insistiendo que no permitirá el retorno al poder de Zelaya y, aunque no ha hablado directamente del tema, ha dejado ver que una amnistía política no será posible, porque lo que el mandatario derrocado será detenido una vez que entre a Honduras, si es que intenta regresar por tercera vez. Las posturas se hacen cada vez más irreconciliables.
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
La comunidad internacional es la que ha intentado mover las fichas para buscar una solución a la crisis, pese a que no han querido reconocer aún al gobierno encabezado por Micheletti y han mostrado su respaldo a quien consideran el único presidente constitucional de Honduras: Manuel Zelaya.
Tras el fracaso de las negociaciones con Arias, las posibilidades de una reconciliación se reducen y el Gobierno 'de facto' se asienta más en el poder tomando decisiones internas de importancia en el ámbito económico y social. No obstante, muchos países han pedido reconsiderar el Acuerdo de San José como la solución a este problema.
La Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que ha sido suspendido Honduras, ha pedido a través de su secretario general, José Miguel Insulza, jugarse otra carta creando una "comisión de notables" en la que estarían ex presidentes y altos ex funcionarios de varios países del continente, como el uruguayo Julio María Sanguinetti y el peruano Javier Pérez de Cuellar.
Este grupo se aseguraría de hacer respetar y concretar el pacto que busca lograr Arias. Aunque dicha propuesta --que incluye un gobierno de unidad nacional, con Zelaya a la cabeza, y adelantar las elecciones-- aún está siendo negociada, Insulza ha decidido comenzar a adelantar terreno.
El resto de los países no ha hecho más que instar al diálogo. La presidencia de turno sueca de la Unión Europea ha emitido un comunicado en el que insta a las partes del conflicto político en Honduras a reanudar las negociaciones para restablecer la democracia en el país centroamericano.
"La presidencia del Consejo de la Unión Europea emplaza a las partes a proseguir con las negociaciones pacíficas para restaurar la democracia y el orden constitucional en Honduras", indica el documento.
Mientras, el Gobierno 'de facto' ha visto como se estrecha más el cerco extranjero. Los organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han suspendido sus programas crediticios con ese país. Estados Unidos, por su parte, ha paralizado la asistencia militar por unos 16,5 millones de dólares (11,5 millones de euros).
Pero al Gobierno interino parece importarle muy poco lo que piense la comunidad internacional, pese a que intenta ganarse su confianza, porque tiene dentro de Honduras el apoyo del Poder Judicial, del Congreso, de los militares y de la Iglesia Católica, que apuestan por unas elecciones generales en noviembre --tal y como estaban previstas-- sin la presencia de Zelaya.
Tanto Elvin Santos, del Partido Liberal, como Porfirio Lobo, del opositor Partido Nacional, han dicho que no quieren que Zelaya regrese como presidente y han aceptado la propuesta de tener un Gobierno 'de facto' hasta que se celebren las elecciones general de noviembre.
La OEA y algunos países de la UE han dicho que no reconocerán los resultados de esos comicios alegando que se realizarán en el marco de un gobierno que no es constitucional y que ha sido rechazado tanto dentro como fuera de Honduras.
ESTADOS UNIDOS
Pese a que Estados Unidos ha condenado desde un primer momento el golpe de Estado del pasado 28 de junio, algunos países de tendencia izquierdista como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, han asegurado que la administración de Barack Obama está plenamente vinculada a estos hechos.
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ha dejado claro que Estados Unidos no reconocerá a Micheletti como presidente de Honduras, pero al mismo consideró una "provocación" el intento de Zelaya de regresar al país, e hizo un llamamiento a las partes a evitar acciones que puedan conducir a la violencia.
Zelaya, por su parte, ha descartado tener un posible encuentro con Clinton. "Si Washington quiere hablar conmigo que envíe a un delegado aquí a Ocotal", dijo este lunes desde la frontera de Nicaragua con Honduras en un intento por regresar a su país.
El papel del presidente venezolano, Hugo Chávez, dentro de la crisis ha sido un factor de conflicto entre las partes. Micheletti le ha acusado de interferir en los asuntos internos y ha expulsado a toda la misión diplomática de la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa, orden que extendió a todos los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).
Chávez ha acusado a Estados Unidos de que querer utilizar este golpe de Estado con el fin de llevar a cabo un plan para derrocar del poder a todos los Gobiernos de izquierda, siendo su primer objetivo Venezuela.
"Obama se está desfigurando, la máscara se le está derritiendo. Debe saber que si se enfrenta al imperio termina muerto, y seguramente prefirió vivir, dejar pasar y dejar hacer", indicó este fin de semana en una cadena de radio y televisión.
El mandatario venezolano, que abiertamente ha ayudado a Zelaya en esta crisis, ha advertido que sus tropas están en alerta tras el golpe militar y aseguró que su Gobierno hará "todo lo que tengamos que hacer" para restituir a Zelaya en la Presidencia hondureña.
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