Bogotá.- El ministro de Hacienda de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, consideró hoy como "inviable" la aplicación de la Ley de Víctimas, tal como ha quedado redactada, por su alto costo, puesto que supondría desembolsos por 36.209 millones de dólares.
En la imagen, el Ministro de Hacienda de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, quien hizo la advertencia en una carta a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes sobre los costos fiscales de la norma. EFE/Archivo
Zuluaga hizo la advertencia en una carta a los presidentes del Senado, Hernán Andrade, y de la Cámara de Representantes, Germán Varón, sobre los costos fiscales de la norma.
La Cámara de Representantes aprobó la norma el martes pasado y ayer la Comisión de Conciliación decidió incluir el texto original que había sido aprobado previamente por el Senado.
La aplicación de la Ley en la Cámara, antes de la "conciliación", costaba 11.104 millones de dólares, recordó Zuluaga a los presidentes del Legislativo.
El titular de las finanzas remarcó que, "con fundamento en estudios adelantados por esta cartera, se concluye que el proyecto de ley, tal y como está previsto en el texto, genera falsas expectativas a las víctimas, pues resulta a todas luces inviable fiscalmente".
El impacto a las finanzas estatales en la iniciativa aprobada por la Comisión de Conciliación, según Zuluaga, se deriva "de la cuantificación de las medidas contempladas en el texto del informe" de dicho comité.
El ministro destacó, entre otras, la "indemnización de perjuicios" por parte del Estado; la "restitución patrimonial" que, igualmente debe asumir el Estado, así como la ampliación del "universo de víctimas".
Igualmente advirtió de "proyectos de generación de ingresos" como una "obligación del Estado" para garantizar su sostenimiento, y también el costo de los "esquemas de protección" de familias de las víctimas.
Para el funcionario, la "conciliación" conlleva a la "creación de nuevas entidades públicas" (tres), sin tener en cuenta las actuales instituciones, "y los consecuentes incrementos de gasto de funcionamiento y burocracia estatal".
Por otra parte, la Ley de Víctimas, a la que le falta la aprobación final en las sesiones plenarias del Senado y de la Cámara, desató antes de la "conciliación" una gran polémica en Colombia al considerar la oposición y los defensores de los derechos humanos que es "discriminatoria" con los afectados por el terrorismo de Estado.
Uno de los puntos más controvertidos es el que plantea que los agentes del Estado pueden ser victimarios, pero esto sólo se reconocerá mediante una sentencia judicial previa y siempre que el agente haya cometido el delito en razón del servicio.
Por el contrario, sí reconoce inmediatamente el derecho a una reparación a aquellas víctimas afectadas por acciones cometidas por las guerrillas o los paramilitares.
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