El Senado colombiano rechaza la Ley de Víctimas tras desaprobar el "acta de conciliación"

Bogotá.-  El Senado colombiano rechazó hoy por petición del Gobierno una Ley de Víctimas de la violencia que vive el país tras desaprobar el "acta de conciliación" que se había alcanzado el miércoles frente a un texto votado favorablemente por la Cámara de Representantes.

Unas horas antes, el mismo presidente colombiano, Álvaro Uribe, había pedido a un grupo de parlamentarios afines que no respaldaran la iniciativa al considerar que supondría "un trauma irreparable a las finanzas del Estado" y una "grave amenaza" a su política de seguridad democrática.

Un total de 48 de 72 senadores votó por el no, con lo que negaron la conciliación, señalaron fuentes parlamentarias, con lo cual la Ley fue rechazada.

"El Gobierno solicita encarecidamente no aprobar" el texto conciliado en un comité del Senado y de la Cámara de Representantes por cuanto, según advierte, constituye "una grave amenaza a la Seguridad Democrática", la política oficial contra la violencia y las drogas.

Un poco antes, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, consideró como "inviable" la aplicación de la Ley de Víctimas de la violencia por su alto costo, que alcanzaría desembolsos por 36.209 millones de dólares.

La aplicación de la Ley aprobada en la Cámara, antes de la "conciliación" con el Senado, costaba 11.104 millones de dólares, recordó Zuluaga a los presidentes del Legislativo.

La Cámara de Representantes aprobó la norma el martes pasado y el miércoles la "comisión de conciliación" decidió incluir el texto original que había sido votado previamente por el Senado.

La Cámara baja le había dado el sí a una ley que diferenciaba entre las víctimas de la Fuerza Pública y las de grupos armados ilegales.

Según ese texto, quienes han perdido familiares o han sido desplazados por cuenta de las guerrillas o los paramilitares podrían acceder más fácil a una reparación que quienes fueron blanco de abusos de soldados, policías u otros agentes del Estado, quienes debían esperar una sentencia judicial.

Para las víctimas, organizaciones de derechos humanos y los senadores que impulsaron esta ley, lo aprobado por la Cámara no era un punto menor.

Consideraron que, precisamente, cuando el Estado es el responsable directo porque uno de sus agentes le violó los derechos a un ciudadano a quien debió proteger, con más razón es cuando debería reconocer esos derechos.

Pero, según el comunicado del Gobierno, horas antes de ser desaprobada, tal como fue "conciliada" la ley, ésta "iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado, sin que estos últimos puedan tener (...) una sentencia ejecutoriada que declare el daño a la víctima cuya responsabilidad sea atribuida a ellos".

La Ley de Víctimas desató esta semana una gran polémica en Colombia al considerar la oposición y los defensores de los derechos humanos que era "discriminatoria" con los afectados por el terrorismo de Estado.