Bogotá.- La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó hoy su preocupación por las interceptaciones ilegales de organismos de inteligencia estatal contra políticos, defensores de derechos fundamentales, magistrados de las Altas Cortes y periodistas, entre otros.
Imagen de la sede del DAS colombiano, organismo que enfrenta un escándalo por la interceptación de teléfonos de políticos, periodistas, juristas, militares y funcionarios estatales. EFE/Archivo
Un comunicado de esa agencia en Bogotá así lo señala y "recuerda que el secreto de las comunicaciones es un derecho individual, constitucionalmente reconocido, que garantiza un espacio inviolable de libertad y privacidad".
La interceptación de las comunicaciones, agrega, "únicamente puede ser aceptable de forma excepcional, previa orden judicial y siguiendo las formalidades establecidas por la ley".
De otra manera, subraya, "los derechos a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre son violados".
El pasado domingo, un informe periodístico señaló que las investigaciones por escuchas ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal) apuntaban a que el organismo poseía un "manual" de seguimientos para indagar, incluso, la vida íntima de los espiados.
Asimismo, la ONU recuerda que, en varios de sus informes sobre Colombia, la Alta Comisionada ha recomendado al Estado "fortalecer las investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los defensores de derechos humanos", incluidos los casos de estigmatización de su labor".
La oficina "también se preocupa por el uso ilegítimo que se pueda hacer de la información recogida en interceptaciones ilegales y sus posibles graves consecuencias para las personas afectadas".
Además, añade, "la percepción pública de que existen interceptaciones ilegales puede dar lugar a autocensura en el ejercicio de la libertad de expresión y comunicación por temor a represalias".
Por otra parte, esa delegación considera que "la nueva ley de inteligencia, con su enfoque de garantía de derechos y exigencia de estricto respeto a los controles políticos y judiciales, constituye un marco legal adecuado para prevenir situaciones similares".
Por ello, subraya, "la Oficina sugiere una rápida implementación de la ley, así como de los cambios pertinentes en el DAS", y "toma nota de la forma diligente en que la Fiscalía General y la Procuraduría General adelantan investigaciones sobre estos hechos".
Igualmente "saluda la invitación del Gobierno colombiano a varios expertos, entre ellos, la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de derechos humanos y el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados".
Puntualiza que "la apertura al escrutinio internacional contribuye a una mejor protección de los derechos y libertades individuales de la ciudadanía".
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