La Paz.- Un centenar de personas se manifestaron hoy ante la Embajada de Perú en La Paz para pedir un juicio contra el presidente Alan García por el conflicto entre indígenas y policías que se ha saldado con 33 muertes, según cifras oficiales.
Cientos de personas protestan hoy en frente de la embajada de Perú en La Paz para pedir un juicio contra el presidente peruano, Alan García, por los enfrentamientos ocurridos la semana pasada en la Amazonia peruana, entre indígenas y policía que dejó más de 30 muertos, según cifras oficiales.
Los manifestantes mostraron imágenes de García y gritaron consignas contra él y su gobierno, acusándolos de "genocidas" por la muerte de indígenas en la región amazónica de Bagua.
Según algunas fuentes, hay entre 30 y 50 indígenas fallecidos, si bien los reportes oficiales solo contabilizan nueve.
El secretario general de la Federación única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, que apareció en la concentración cuando los periodistas reportaban en vivo para los noticieros de televisión, dijo que García tendría que ser procesado en un tribunal internacional por sus actos de "lesa humanidad y asesinato".
"Está asesinando a nuestros hermanos que pelean los recursos naturales, el agua y la tierra. Como nosotros aquí en Bolivia, que nos levantamos para defender nuestros recursos naturales y el petróleo, nuestros hermanos se levantaron por eso", aseveró.
La vicepresidenta de la Asamblea de derechos humanos de Bolivia, Sonia Brito, mostró su indignación ante la magnitud del genocidio, y pidió una investigación exhaustiva para enjuiciar a los responsables de esta masacre.
Por su parte, el presidente del movimiento popular boliviano, Edgar Mora, reclamó al pueblo peruano que "reaccione", y siga con sus reivindicaciones contra los que quieren "privatizar los recursos naturales" y enriquecerse a su costa.
Mora, además, recordó que el presidente del Perú dio asilo a tres ex ministros bolivianos acusados de genocidio, y reclamó la detención de los causantes de "esta masacre" y que no queden libres junto al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), exiliado en los Estados Unidos.
Sánchez de Lozada, junto con algunos de sus ministros, está procesado por "genocidio", que en la legislación boliviana abarca el delito de "masacre sangrienta", por la muerte de más de 60 personas durante la represión de varias protestas ocurridas entre septiembre y octubre de 2003.
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