Luxemburgo.- Las comunidades autónomas españolas pidieron hoy a la UE la revisión de la propuesta de directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza, ya que consideran que esta normativa podría perjudicar la capacidad de financiación de los servicios médicos regionales.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós. EFE/Archivo
La propuesta, destinada a eliminar los obstáculos administrativos para que los ciudadanos comunitarios puedan recibir asistencia sanitaria en otros estados miembros y obtener el reembolso de esos gastos, será discutida hoy por los Veintisiete en el Consejo de Sanidad de la UE, que se celebra en Luxemburgo.
El texto "no está todavía maduro en muchos aspectos, que afectarían de manera muy importante a la viabilidad económica y a la capacidad de organización de las comunidades autónomas", según dijo la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, que durante este semestre representa a todas las regiones españolas ante la UE.
No obstante, las comunidades "han manifestado su interés, al igual que la Comisión Europea y que el Parlamento Europeo, a favor de que todos los ciudadanos europeos puedan recibir asistencia en toda la UE", afirmó Roldós a su llegada al Conseho.
La consejera canaria destacó la importancia de "garantizar una asistencia sanitaria al resto de ciudadanos de la UE, y de que los españoles encuentren en el resto de países unos criterios de calidad y seguridad equiparables a la sanidad pública española".
Los puntos en los que existen divergencias a nivel europeo corresponden a la necesidad de presentar una autorización previa para recibir cuidados médicos en otro país, la forma de reembolso de dicha asistencia o la exclusión de la normativa de los servicios a largo plazo, una opción defendida por Alemania.
Además, "la falta de homogeneidad en la cartera de servicios y en las prestaciones de los diferentes países" podría ejercer un impacto negativo en los nuevos estados miembros que tienen sistemas sanitarios "menos desarrollados", señaló Roldós.
Por ello, las regiones españolas piden al Ejecutivo comunitario y al Consejo "que se revise la propuesta para llegar a un mayor nivel de análisis y de consenso entre todas las autonomías españolas y todos los países de la UE".
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