España rechaza la propuesta de Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza

Jönköping (Suecia).-  La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha anunciado hoy que España ha planteado una "objeción general" a la propuesta de directiva de la Comisión Europea sobre la asistencia médica transfronteriza, porque supondría una amenaza para el sistema público de salud.

Jiménez ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse para tratar este asunto con el titular de Sanidad de Suecia, Göran Hägglund, en la cumbre informal de ministros del ramo que se celebra en la localidad sueca de Jönkönping.

La ministra se ha mostrado tajante en el rechazo a esta iniciativa, porque si se aprueba en las condiciones actuales "se tendrá que cambiar toda nuestra organización de salud".

La medida, destinada a eliminar los obstáculos administrativos para que los ciudadanos comunitarios puedan recibir asistencia sanitaria en otros Estados miembros y obtener el reembolso de esos gastos, será discutida mañana por los Veintisiete.

Las principales objeciones de España se mantienen en las formas de reembolso de los servicios médicos recibidos en otros países y en la necesidad de una autorización previa para acceder a estas prestaciones.

También resta por definir si los servicios médicos contemplados serán sólo los públicos o si también se incluirá a los privados, lo que sería perjudicial para el sistema español.

"Nosotros tenemos un sistema en el cual no es necesario adelantar el pago de los tratamientos, algo que no vamos a aceptar porque va en contra de nuestro propio sistema público de salud, que es universal, gratuito y accesible para todos", ha aseverado Jiménez.

La ministra ha exigido que se mantengan los reglamentos y los acuerdos que hay en materia de seguridad social y respecto a la movilidad de los pacientes, con el fin de que haya "igualdad, equidad en el tratamiento y seguridad jurídica".

En su opinión, la propuesta europea no contiene "suficientes garantías jurídicas, ni médicas" y ha abundado en la necesidad de que haya "autorizaciones previstas por los doctores para que una persona reciba tratamiento" .

Ha argumentado, finalmente, que un servicio sanitario "no es una mercancía más", por lo que no puede dejarse al "libre albedrío del movimiento de los mercados".