El Gobierno irlandés confía en llevar ante la Justicia a los responsables de los abusos sexuales a menores

Dublín.-  La presidenta de Irlanda, Mary McAleese, confió hoy en que los responsables de los abusos sexuales, físicos y psíquicos cometidos contra menores en instituciones estatales durante más de 60 años sean llevados ante la Justicia.

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(EFE)

La presidenta de Irlanda, Mary McAleese. EFE/Archivo

En declaraciones a la Radiotelevisión irlandesa (RTE) desde Boston (EEUU), McAleese aseguró que la sociedad no tiene el "estómago" de evitar que se aborden los aspectos delictivos del informe que ha destapado el alcance de los abusos perpetrados por los gestores de las instituciones, en su mayoría religiosos católicos.

"Teniendo en cuenta que el informe es un catálogo de actos criminales, de abandono y de violencia cometidos por gente que todavía está viva, creo que puedo decir, sin temor a caer en contradicciones, que siguen siendo castigables", dijo la presidenta.

La investigación de la Comisión sobre Abusos a Menores reveló el pasado 21 de mayo que miles de niños y niñas sufrieron agresiones sexuales, físicas y psíquicas a manos de sus cuidadores y ante la pasividad de las autoridades eclesiásticas y gubernamentales, empeñadas en mantener una cultura de ocultamiento.

Sus hallazgos, no obstante, no podrán ser usados ante los tribunales, en parte porque una de las órdenes católicas más señaladas en el documento, los Hermanos Cristianos, obligaron a la Comisión, por vía legal, a omitir en su informe las identidades de los agresores, ya estén vivos o muertos.

En opinión de McAleese, la apertura de diligencias judiciales y las posibles condenas no ayudarán a las víctimas a cerrar las heridas del pasado, pero sí saciaría su sed de justicia.

El ministro irlandés de Justicia e Interior, Dermot Ahern, ratificó hoy las palabras de la presidenta al recordar que los "crímenes cometidos son tan horrendos, que no se pueden barrer debajo de la alfombra".

"Espero que tanta gente como sea posible pueda cooperar para condenar a los culpables. Sé que es muy difícil para ellos, pero la Policía está ahí para acumular pruebas para futuros juicios", dijo.

A pesar de que muchos de los agresores son ahora ancianos, el ministro insistió en que este tipo de delitos no prescribirán.

"Nada nos impide abrir investigaciones criminales que se remonten atrás en el tiempo", subrayó Ahern.

Caso aparte es la inmunidad económica otorgada a las 18 órdenes denunciadas en el informe en virtud de un acuerdo firmado con el Gobierno en 2002, que fija el máximo de las indemnizaciones en 127 millones de euros.

Esa cantidad cubre sólo una pequeña parte de la factura final, pues se sabe ahora que el plan de compensaciones para las víctimas asciende a 1.300 millones de euros y que este desembolso saldrá de las arcas del Estado.

Por ese motivo y con vistas a negociar un nuevo acuerdo que incremente la contribución de la Iglesia Católica, el Ejecutivo de Dublín ha pedido a las órdenes que hagan público el valor real de su patrimonio, una cuestión envuelta de gran secretismo.