Santiago de Chile.- Las medidas anunciadas el jueves por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para afrontar en los próximos meses los efectos de la crisis costarán unos 330 millones de dólares, confirmó hoy el ministro de hacienda, Andrés Velasco.
En la última cuenta de su gestión al país de su mandato, Bachelet anunció un bono de 40.000 pesos (unos 71 dólares) que beneficiará a más de cuatro millones de personas en sectores de menos ingresos y el adelanto a este año de un aumento de los beneficiarios y montos de la Pensión Básica Solidaria, entre otras medidas.
El pasado enero el Gobierno ya otorgó un primer bono de 40.000 pesos a las familias más necesitadas, que benefició a unos 3,5 millones de personas.
Al visitar hoy a una familia que recibirá el nuevo bono, Velasco dijo que una tercera parte de las medidas anunciadas por la mandataria se financiará con el impuesto específico a los combustibles, otra con recursos del Tesoro Público y el tercio restante se hará con reasignaciones presupuestarias.
Precisó que el bono de 40.000 pesos va a costar en total 265 millones de dólares, mientras lo relacionado con pensiones básicas solidarias, que en principio se aplicaría en 2010 y se adelantará para el próximo septiembre, va a costar unos 45 millones de dólares.
Otro anuncio de Bachelet, un seguro para el pago de deudas hipotecarias de la clase media, costará 14 millones de dólares, y un programa de becas para la educación técnica y profesional supondrá unos seis millones de dólares, añadió el ministro.
Velasco destacó, en el caso de las pensiones, que 350.000 adultos mayores que tenían asignaciones muy bajas o no las tenían van a ser incorporados a este sistema, cuyo monto mínimo será de 75.000 pesos mensuales (unos 133 dólares).
Sobre las medidas económicas anunciadas por Bachelet, el economista Francisco Castañeda, de la Universidad de Santiago (Usach), dijo hoy a Efe que son necesarias para profundizar la red de protección social, pero echó en falta medidas para incentivar la inversión en activos fijos, para frenar la subida del desempleo, que a su juicio seguirá aumentando en los próximos meses.
"La protección social para que sea sostenida y financiable en el largo plazo, necesita más crecimiento económico", subrayó y propuso que se reponga un proyecto de Ley (Depreciación Acelerada), rechazado hace dos años y que proveía de incentivos tributarios a la inversión en activo fijo.
Castañeda considera urgente reactivar la inversión, que según las últimas proyecciones del Banco Central podría caer hasta un 15 por ciento este año.
"El circuito de inversión debe volver a recargarse, favoreciendo inicialmente las empresas más grandes y después a las pequeñas y medianas (Pymes)", señaló.
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