La Junta flexibiliza el aplazamiento del pago de deudas a ciudadanos y empresas

Valladolid.-  El pago de las deudas contraídas por los ciudadanos y las empresas de la Comunidad con la Junta de Castilla y León podrá ser fraccionado o aplazado en unas condiciones más flexibles que hasta ahora tras aprobarse hoy la Orden de la Consejería de Hacienda que regula estas situaciones.

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(EFE)

La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo. EFE/Archivo

Esta medida responde al incremento del número de solicitudes de aplazamientos del pago de los tributos regionales observado durante los últimos meses y al compromiso en este sentido del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, según ha explicado en rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno de Castilla y León la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

En concreto, durante el primer trimestre del año los ciudadanos han presentado ante la Administración 348 solicitudes de aplazamiento de la deuda por un importe de 3,8 millones de euros, mientras que en todo el pasado 2008 las solicitudes fueron 884 por un importe de 9,4 millones.

La proyección anual de los datos del primer trimestre supondrían que, al final de 2009, las solicitudes alcanzarían las 1.392, el 57 por ciento más que el pasado año, y por un importe de 15,2 millones, el 61,7 por ciento más.

Las medidas aprobadas en la Orden de la Consejería permitirán que el pago de las deudas sea aplazado independientemente de su cuantía, sin ningún tipo de garantía de cobro hasta el doble de la cifra actual en deudas no tributarias y hasta el triple en el caso de las deudas tributarias.

Del Olmo ha explicado que a partir de ahora se podrán aplazar deudas de menos de 300 euros, algo que impedía la normativa actual, y que la petición del aval bancario como respaldo para el deudor no será necesario si la cuantía de la deuda no tributaria es inferior a 6.000 euros o si no supera los 18.000 euros, en el caso de las tributarias.

Estas cantidades suponen que, en el caso de las deudas no tributarias, se eleva hasta el doble el margen para no estar obligado a presentar aval, y en el caso de las tributarias hasta el triple.

En el caso de las "deudas importantes" a cargo de empresas que soliciten dispensa de garantía bancaria, en palabras de la consejera, la Administración autonómica pedirá como requisito que se acredite el mantenimiento del empleo actual.

Del Olmo ha remarcado que estas medidas no servirán a las empresas con problemas estructurales, sino a aquellas que como consecuencia de las dificultades económicas actuales tengan problemas de liquidez.

La Consejería analizará cada una de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que se presenten y prestará atención a que exista el "adecuado equilibrio entre la garantía de cobro y el apoyo al obligado tributario para superar situaciones transitorias de falta de liquidez", según figura en la documentación de la Consejería.

Ante la coyuntura económica actual, la consejera ha defendido la tendencia de la Junta de Castilla y León a mantener los beneficios fiscales establecidos en años anteriores y ha argumentado que el incremento de impuestos en este momento "no supone recaudar más".