MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, consiguió hoy el apoyo unánime de la oposición al Real Decreto que pretende resolver el endeudamiento que mantienen las entidades locales con las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos.
Salgado en el Congreso
Así lo puso de manifiesto la oposición en el pleno del Congreso de los Diputados, que ofreció su apoyo al Ejecutivo para sacar adelante este Real Decreto, aunque criticó algunos procedimientos y pasos del Gobierno en la elaboración del mismo.
Salgado, por su parte, consideró que los grupos deben apoyar la medida, ya que la gran mayoría de ellos han mostrado en numerosas ocasiones su preocupación ante la falta de liquidez de las entidades locales para resolver el pago de estas deudas.
Según la vicepresidenta económica, este Real Decreto se inscribe en el conjunto de actuaciones que viene desarrollando el Gobierno desde el año pasado para hacer frente a las restricciones de liquidez y que pasan por las devoluciones anticipadas de IVA, la reducción del interés legal del dinero, los aplazamientos tributarios o las líneas del Instituto Oficial de Crédito (ICO), entre otras cosas.
Recordó que la falta de financiación y la necesidad de liquidez han sido siempre una "cuestión prioritaria" en las actuaciones del Gobierno, así como aquellas destinadas a paliar los efectos de la crisis en las cuentas de las administraciones territoriales.
En este sentido, enumeró algunas de las iniciativas desarrolladas por el Gobierno socialista desde el año 2005 y destacó la puesta en marcha del fondo de inversión local y el nuevo fondo de 5.000 millones de euros que anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el Debate sobre el estado de la Nación para iniciar obras vinculadas con la economía sostenible.
"Estas medidas manifiestan el compromiso del Gobierno con la liquidez de las administraciones", señaló la ministra, quien aseguró que este Real Decreto se inscribe en este mismo marco y pretende responder a las necesidades de las pymes y autónomos para que puedan cobrar las deudas pendientes de manera "coherente" con el ordenamiento jurídico.
Recordó que el pasado 23 abril, el Consejo de Ministros aprobó este decreto ley con medidas urgentes de carácter "extraordinario" con el objetivo de aportar hasta 14.000 millones de euros a los ayuntamientos y entidades locales para pagar las deudas pendientes.
Por un parte, el Real Decreto permite a los ayuntamientos realizar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, y por otra, instrumenta, a través del ICO, una nueva línea de 3.000 millones de euros para avalar a las empresas y autónomos con deuda pendiente.
REQUISITOS
Salgado recordó que se incluyen algunos requisitos, como que el plazo máximo de amortización de las operaciones de endeudamiento bancario sea de seis años, o el plazo de un mes para que las entidades locales puedan cancelar sus deudas pendientes con proveedores.
Además, el plazo para concertar la operación de endeudamiento será de tres meses, los ayuntamientos tendrán que aprobar un plan de saneamiento por idéntico periodo al de la operación financiera y deberán presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores.
En cuanto a la nueva línea del ICO, el Real Decreto establece como garantía final y ante posibles impagos por parte de las entidades locales su participación en los ingresos del Estado, en la que se podrán retener las cantidades correspondientes a la deuda de los ayuntamientos que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones de pago.
Durante los turnos de posición, el diputado 'popular' Rafael Merino se limitó a decir que lo que el país necesita es que el Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, dejen de engañar a los ciudadanos, porque fue el PP el que propuso esta iniciativa parlamentaria. "Ustedes, con su desfachatez política, dicen que el PP no tiene propuestas y llevan a Consejo de Ministros las propuestas que el PP consigue aprobar en esta Cámara", indicó.
PP: "ES INSUFICIENTE, LLEGA TARDE Y LLEGA MAL"
Además, consideró que el Real Decreto tiene "trampas" para las pymes y autónomos, que es "insuficiente, llega tarde, llega mal y sin la aportación definitiva que necesitan las corporaciones locales: la nueva financiación". Asimismo, tachó de "barbaridad" que el Gobierno mantenga que lo primero es abordar la financiación autonómica y recordó que ese acuerdo no se puede llevar a cabo sin resolver las competencias de los ayuntamientos.
Por su parte, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre aseguró que su grupo parlamentario votará favorablemente el Real Decreto, puesto que supone mejorar la tesorería de las corporaciones locales. No obstante, advirtió de que la iniciativa no representa una mejora de financiación para las administraciones y aseguró que queda pendiente alcanzar un gran acuerdo de financiación local.
El diputado del PNV Pedro Azpiazu aseguró que su grupo también dará su apoyo al decreto porque "no es entendible" que las dificultades de las administraciones locales puedan suponer el "ser o no ser" de las empresas y autónomos. Sin embargo, consideró que el procedimiento establecido por el Gobierno es un tanto "alambicado", aunque confió en que la burocracia "no vaya en detrimento de la eficacia" y en que no sea motivo de conflicto entre las CC.AA.
EFECTOS SECUNDARIOS PERVERSOS
Por otro lado, el diputado de ERC Francesc Canet aseguró que su grupo apoyará la convalidación del decreto porque las administraciones locales atraviesan una situación "delicada" y necesitan un "balón de oxígeno" para aliviar su actual situación, aunque alertó de los posibles "efectos secundarios perversos" que pueden provocar las iniciativas del Gobierno al generar una "errónea sensación" de recuperación.
La diputada del Grupo Mixto Olaia Fernández Dávila se refirió a la situación "preocupante, grave y en algunos casos insostenible" de las empresas, condición que obliga a su grupo a dar su respaldo al Real Decreto del Ejecutivo. "Vamos a apoyarlo porque entendemos que puede resolver momentáneamente los casos más graves y ser un toque de atención para que administraciones actúen con más diligencia, subrayó.
Por último, la portavoz económica del PSOE, Marta Gastón, recomendó a Hernando que "se regale un diccionario" para entender el objetivo del Decreto Ley para garantizar el "equilibrio financiero" de los entes locales, que no han sido "inmunes" a la crisis, así como a las pymes que han visto "cerrado a cal y canto" el crédito de las entidades financieras para hacer frente a las facturas pendientes. "Esta es la fórmula óptima", aseguró, recalcando que "no es obligatorio" sumarse a ella.
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