Consejeros lamentan que CAA no se posicione ante la decisión de la Fiscalía

Sevilla.-  Cuatro consejeros han lamentado que el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) haya eludido posicionarse ante la decisión de la Fiscalía de Sevilla de solicitar una indemnización de 130.000 euros para las menores que aparecieron en programas de televisión dedicados al caso Marta del Castillo.

Los consejeros Carmen Elías, Jaime Bretón, Carlos del Barco y José María Arenzana, elegidos los tres primeros a propuesta del PP y el cuarto a propuesta del PA, han calificado esta actitud de "grave irresponsabilidad en contra de toda lógica posible y del sentido común".

Según han informado en un comunicado, el consejero Carlos del Barco registró ayer una solicitud para que este punto se incluyera en el orden del día del Pleno del próximo jueves, lo que ha sido denegado por el presidente del CAA, Juan Montabes.

"Ignoramos por qué razones, aunque no queremos pensar que hayan sido las prisas por asistir a la toma de posesión de José Antonio Griñán como presidente de la Junta las que hayan impedido que el Consejo debata en profundidad y pronuncie sobre este desdichado asunto", han manifestado.

"La máxima autoridad audiovisual de Andalucía no puede permanecer al margen de un asunto que ha causado un profundo escándalo en la sociedad y en el que, visto el disparate de resultados, hay que colegir necesariamente que algo está mal en la ley y que hay que cambiar porque sencillamente no funciona", han afirmado estos consejeros, que volverán a pedir que este asunto sea abordado por el CAA las veces que haga falta "hasta que se atienda nuestra demanda".

Han señalado que "no puede ser que la sociedad esté sencillamente perpleja por cómo se abordan las soluciones a este tema y que el CAA se escude no se sabe muy bien en qué y eluda su principal función de órgano consultivo en materia audiovisual de la comunidad autónoma. Ha habido incumplimientos legales con responsables y lo que procede es aplicar la ley y el sentido común, y no acabar en medidas de difícil justificación como la que nos ocupa".

Los cuatro consejeros han mantenido que, con independencia del proceso legal en el que no entran aunque recalcan su "absoluta disconformidad" con la medida adoptada por la Fiscalía, el CAA debe tener una opinión propia no condicionada ni mediatizada por los procedimientos y que, en caso alguno, llegue al "absurdo en el que nos encontramos, en el que se puede interpretar la indemnización a las menores como un premio a conductas intolerables por parte de éstos, de sus tutores y de los operadores que emiten determinados contenidos".