Murcia.- Los candidatos asambleístas por Europa por el Movimiento Popular Democrático (MPD) Listas 15 de Ecuador han solicitado al Gobierno de España que garantice a los que retornen a Ecuador empleo, asesoramiento, créditos a bajo interés, educación, sanidad, vivienda, libertad y seguridad ciudadana.
Los candidatos asambleístas por Europa por el Movimiento Popular Democrático (MPD) Listas 15 de Ecuador han solicitado al Gobierno de España que garantice a los que retornen a Ecuador empleo, asesoramiento, créditos a bajo interés, educación, sanidad, vivienda, libertad y seguridad ciudadana. En la imagen, la candidata por el MPD, Karina Guerra.
Dos de los candidatos de este partido de izquierdas ecuatoriano, Edgar Constante y Karina Guerra, ofrecieron hoy una rueda de prensa en la capital murciana con motivo de las próximas elecciones generales que se celebran en su país el 26 de abril, y que tendrá en Murcia uno de los diez centros de recepción de votos que se instalarán en España.
Los candidatos del MPD indicaron que el Plan de Retorno Voluntario "no tiene que obligar a nadie a renunciar a su residencia", consideraron este proceso de "expulsión diplomática" y exigieron "políticas reales de empleo" para regularlo.
Asimismo, hicieron una llamada a los ecuatorianos residentes en España, que no puedan pagar su vivienda, a que "las devuelvan a los bancos" y al respecto señalaron que el Gobierno de España debe crear planes que permitan el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos.
Según Edgar Constante, los ecuatorianos tienen derecho a opinar "porque están contribuyendo económicamente al desarrollo del país".
Por otro lado, reivindicaron que los trabajadores de servicios domésticos tengan derecho a cobrar el desempleo y demandaron que el Estado regule los "trabajos informales", como medida contra el paro.
Constante consideró que "se están aplicando políticas racistas y xenófobas" y denunció la unidad del PP y del PSOE para implantar una nueva reforma a la Ley de Extranjería, "con la que se pretende acabar con la solidaridad", y aseguró que con esta reforma "se penalizará a las personas que ayuden a inmigrantes indocumentados con el pago de una multa que va desde 500 hasta 10.000 euros".
Declararon que como inmigrantes residentes en Madrid, en el caso de Guerra, y en Valencia, en el de Constante, están preocupados por algunas situaciones que sus compatriotas están sufriendo en España.
Otras de las cuestiones que demandaron fue "verdaderos representantes de la comunidad de inmigrantes", que defiendan sus derechos en las distintas instituciones del Estado, además de poder llevar a Ecuador los bienes de su hogar en el extranjero, así como las herramientas de trabajo de la profesión que ejercen en el país extranjero para poder montar sus empresas en un retorno definitivo.
Asimismo, pidieron que se firmen acuerdos de reconocimiento y reciprocidad de residencia y trabajo, títulos académicos, carné de conducir y derecho a voto, así como Seguridad Social en los países que residen los ecuatorianos.
Por otro lado, solicitaron el reconocimiento de la quinta región ecuatoriana (formada por 3,5 millones de ecuatorianos que residen en el exterior) en el ámbito político, económico y administrativo y también la creación de un fondo público para la repatriación de ecuatorianos fallecidos en el exterior y asistencia inmediata para los detenidos o deportados.
Karina Guerra calificó el encuentro con los medios como "una oportunidad para que por primera vez se conozcan los problemas y necesidades de los ecuatorianos, con el objetivo de que se elabore una verdadera política migratoria" y aseguró que "la creación de las casas ecuatorianas no es suficiente para canalizar todas las demandas del colectivo emigrante".
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