Madrid.- El Tribunal Supremo deliberará hoy sobre el recurso que presentó el financiero Javier de la Rosa contra la condena de 4 años y 8 meses de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por el desvío de 27,4 millones de dólares en la denominada operación "Croesus", la última de las cuatro piezas del caso Torras.
El financiero catalán defiende en su recurso de casación que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no debería haber apreciado la existencia de un delito continuado de apropiación indebida, sino de un único acto de apropiación indebida, con lo que esa conducta habría prescrito, al igual que el delito de falsedad documental.
De los cinco acusados por la operación Croesus, la Audiencia Nacional condenó sólo a De la Rosa por apropiación indebida continuada y falsedad documental al considerar probado que en 1988, "con ánimo de tomar para su propio beneficio económico y en favor de otros", pidió al grupo KIO el adelanto de 27,4 millones de dólares por un pago de servicios, valiéndose de su puesto de vicepresidente de Torras Hostench SA (posteriormente Grupo Torras).
La transferencia de dinero se concibió como una operación de préstamo de KIO a Torras, que resultaba así deudora de su accionista mayoritaria, de modo que el grupo kuwaití reforzaba su posición, facilitando en última instancia "la adquisición de los paquetes de accionistas minoritarios en Torras", explica la sentencia recurrida y publicada en abril de 2008.
En definitiva, KIO autorizó este pago a Torras Hostench SA y lo envió a través de su filial en Holanda -Kookmeeuw- a una cuenta de la sociedad Bigley, cuyo titular era el empresario Enrique Sarasola, de la que salieron más de 5,99 millones de dólares (695 millones de pesetas) para De la Rosa.
Según la Audiencia Nacional, De la Rosa intervino posteriormente, cuando Torras Hostench tuvo que devolver el dinero a KIO, para lo que se solicitó un préstamo de casi 25 millones al Banco Santander.
Gracias a la operación diseñada a través de la sociedad instrumental Croesus, al dinero que había que devolver al Santander se le acabó perdiendo la pista, con lo que fue finalmente el grupo Torras el que hizo frente al préstamo, que quedó contabilizado como pérdida y cubierto con cargo a la ampliación de capital del grupo.
El caso Torras, que nació el 8 de enero de 1993 a raíz de una querella del grupo contra el financiero y otros ex directivos, se ha instruido en cuatro piezas judiciales: ICSA-Impacsa, Wardbase, Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria y Quail-ACIE y Croesus.
Entre las cuatro piezas el financiero catalán ha acumulado penas de más de 20 años de cárcel.
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