Zaragoza.- Chunta Aragonesista ha pedido hoy en solitario en el pleno de las Cortes la devolución del proyecto de ley de Ordenación del Territorio de Aragón, cuya tramitación parlamentaria ha comenzado hoy al rechazar los grupos que apoyan al Gobierno esta enmienda a la totalidad presentada por CHA.
El consejero de Política Territorial, Rogelio Silva, ha defendido en nombre del Gobierno aragonés el proyecto de ley, que sustituirá al vigente, de 1992, después de la aprobación de leyes y estrategias europeas y estatales a las que la legislación aragonesa debe adaptarse.
Así, el proyecto de ley, según Silva, define y amplía las funciones del Consejo de Ordenación Territorial de Aragón (COTA), con competencias y actividad únicamente en materia de ordenación territorial y que incluye su competencia para emitir dictámenes previos a su aprobación sobre proyectos o planes del Estado con incidencia en el territorio, aunque no será vinculante.
En la iniciativa, los proyectos de interés general sustituyen a los de interés supramunicipal, lo que hace que no haya ninguna limitación en el espacio que ocupan ni estén delimitados por la actividad, de forma que el Gobierno, ha explicado Silva, tendrá la capacidad para "definir" un proyecto como de interés general y su tramitación se remitirá a las distintas leyes sectoriales.
Los proyectos de interés general son aquellos de especial importancia que se asientan en un municipio o en más de uno o que por su magnitud o características puedan ser definidos así.
Silva ha insistido en que el proyecto de ley "simplifica, clarifica competencias, consolida el análisis territorial de determinados proyectos y armoniza la planificación territorial con la protección ambiental".
El diputado de CHA Bizén Fuster ha dado seis razones para pedir la devolución del proyecto de ley, entre ellas que se priva a las Cortes de las potestades que tenía en cuanto a la política general de Ordenación del Territorio, porque mientras las Directrices Generales ahora vigentes tienen rango de ley, la Estrategia de Desarrollo Territorial, que viene a sustituir a éstas, podrá ser aprobada por decreto.
Además, el proyecto de LOTA adolece, según CHA, de inseguridad jurídica e ineficacia, porque establece que las directrices parciales de ordenación pueden ser aprobadas antes que la Estrategia, que establece el marco general para éstas.
Fuster ha denunciado también la prevalencia de los planes de interés general, "convirtiendo la excepción en norma", y que pueden ir modificando la Estrategia global conforme éstos sean aprobados, y que se vulnera el principio de autonomía local, porque la propia estrategia y las directrices serán de obligatorio cumplimiento para los municipios.
La diputada popular Yolanda Vallés, cuyo grupo se ha abstenido, ha coincidido en señalar que el proyecto limita la facultad de las Cortes y convierte en modelo general los proyectos de interés general, que deberían de ser la excepción.
Pero ha incidido en que el texto puede servir de base para alcanzar acuerdos con enmiendas y no ha considerado necesario "rechazarlo de plano".
El diputado de IU, Adolfo Barrena, que también se ha abstenido, ha dicho que es necesario mejorar el texto, para lo que ha registrado 49 enmiendas parciales, y ha detallado que su principal discrepancia se sitúa en que los proyectos de interés general lo serán siempre a criterio del Gobierno de Aragón.
Manuel Lana, del PSOE, y Javier Allué, del PAR, han rechazado los argumentos de la oposición, se han mostrado dispuestos a llegar a acuerdos en ponencia y han defendido la importancia de los proyectos de interés general.
Allué ha insistido en que el texto es flexible para adaptarse a situaciones "cambiantes" y a la vez "compatible" con la vocación de permanencia que debe tener una norma de estas características.
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