Empieza la tramitación de la Ley que fija los Servicios Sociales como derecho subjetivo

Zaragoza.-  El Pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado hoy la enmienda de devolución presentada por el PP al proyecto de Ley de Servicios Sociales, con lo que empieza así la tramitación parlamentaria de una norma que, según el Gobierno, considera estos servicios como un derecho subjetivo de los ciudadanos.

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(EFE)

La Consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, Ana Fernández. EFE/Archivo

La consejera de Asuntos Sociales y Familia, Ana Fernández, ha defendido ante el pleno el contenido de la ley -que la oposición ha recordado que llega a la Cámara con diez años de retraso- porque su eje son los ciudadanos y porque implica la firma de un "contrato social" al considerar los servicios sociales como un derecho subjetivo de los aragoneses, en la línea de la Sanidad o la Educación.

Fernández ha insistido en destacar el alto grado de participación social con el que se ha elaborado el proyecto de ley, que tiene un marcado carácter transversal y se acompaña de una memoria económica.

Facilita respuestas a las "nuevas necesidades" y aproxima a Aragón, ha dicho, a los parámetros del Estado del Bienestar de los países más desarrollados de Europa.

La consejera ha remitido a un futuro desarrollo normativo la concreción de la cartera de servicios que garantizará la ley, pero ha adelantado que el propio proyecto incluye ocho servicios generales, diez específicos, seis tipos de prestaciones económicas y tres tipos de prestaciones tecnológicas que el catálogo deberá recoger "como mínimo".

La diputada popular Rosa Plantagenet ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por su grupo, porque, ha dicho, no recoge como algo subjetivo el derecho a los servicios sociales, sino que lo único que se recoge es el "derecho al acceso" a estos servicios.

El proyecto de ley, ha agregado, es "etéreo", "efímero" y es una especie de "dádiva" del Gobierno, porque no incluye una propuesta de financiación estable y ésta, por tanto, depende del porcentaje que apruebe el Gobierno cada año en los Presupuestos.

La ley, ha insistido Plantagenet, sólo recoge principios y filosofía, con la que el PP está de acuerdo, pero para llevar a cabo esa teoría se necesitan recursos que a su juicio no se fijan, al tiempo que ha reclamado más concreción en cuanto a la cartera de servicios que se garantizan.

El PP, que ha presentado además 43 enmiendas parciales al texto, no ha logrado concitar el apoyo de ningún grupo de la oposición a su enmienda de devolución, aunque CHA se ha abstenido con el argumento, según el diputado Chesús Bernal, de la urgencia de tramitar el proyecto de ley tras diez años de retraso en su presentación.

CHA ha presentado 61 enmiendas con el objetivo de frenar la tendencia privatizadora de los Servicios Sociales, de resolver la falta de garantías en cuanto a su prestación con calidad, a concretar las prestaciones que generan ese servicio subjetivo o a incrementar la coordinación entre las administraciones públicas.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha votado en contra de aceptar la enmienda de devolución, pero eso no significa "en absoluto", ha insistido, que esté de acuerdo con el contenido del proyecto de ley.

Sus 54 enmiendas también van en la línea de exigir coordinación, consideración de los Servicios Sociales realmente como un derecho subjetivo e implantación de mecanismos de control.

Su rechazo a la enmienda se debe, ha precisado, a la necesidad de tramitar el proyecto con urgencia y a las diferencias ideológicas "profundas" con el PP que, ha estimado, muchas veces equipara a los servicios sociales con la beneficiencia.

Ni la diputada socialista María Ángeles Ortiz ni la aragonesista María Herrero han compartido ninguno de estos argumentos, y ambas han formulado el compromiso de sus grupos a analizar las enmiendas presentadas por la oposición para conseguir que la ley salga de las Cortes con el mayor consenso posible.

Ortiz ha insistido en que el proyecto es homogéneo y equilibrador y que apuesta por un nuevo modelo de prestaciones sociales, mientras que Herrero ha apostado por un rápido desarrollo del catálogo concreto de prestaciones.