Guatemala.- El ex jefe de Estado de Guatemala general retirado José Efraín Ríos Montt (1982-1983) aseguró hoy que no aprobó ni firmó los cuatro planes militares de represión que se ejecutaron durante su periodo de facto.
El ex-general Efrain Rios Montt dijo que los archivos militares, dos de los cuales se dan por desaparecidos, solo fueron "simples planes del Ministerio de la Defensa". EFE/Archivo
Durante una reunión con periodistas en el Congreso, el líder del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) sostuvo que los archivos militares, dos de los cuales se dan por desaparecidos, solo fueron "simples planes del Ministerio de la Defensa".
Se trata de los planes conocidos como "Victoria 82", "Sofía 82", "Ixil 82" y "Firmeza 83".
Según el ministro guatemalteco de la Defensa, general Abraham Valenzuela, los planes contrainsurgentes "Sofía 82" y el "Ixil 82", desaparecieron.
Ríos Montt comentó que durante la guerra fría, en Guatemala se hizo una evaluación de la situación mundial y a cada ministerio se le dio una política a seguir y se definieron sus planes.
El militar retirado y actual diputado del Congreso admitió que tuvo a la vista los planes militares, pero aseguró que no fueron aprobados por él y que no los firmó.
"Yo era el jefe de Estado, pero esos planes eran de Defensa", aclaró.
Los cuatro archivos militares fueron solicitados por un tribunal guatemalteco, en virtud del mandato de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica de Guatemala, que ordenó su desclasificación en 2007, a petición de los familiares de las víctimas de la guerra, durante un largo proceso iniciado el año 2000.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, recogió la exigencia desatendida de los afectados y ante sus protestas prometió el pasado mes de febrero ordenar la publicación de los documentos el 25 de ese mes, Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas de la guerra.
En esa fecha, Valenzuela presentó ante el tribunal sólo los documentos de los planes de "Victoria 82" y "Firmeza 83", que las autoridades judiciales no aceptaron por incumplir la orden de entregar los cuatro expedientes.
Ante ello, activistas humanitarios y familiares de las víctimas de la guerra (1960-1996) denunciaron ante el Ministerio Público a Valenzuela por los delitos de desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento.
Los archivos militares servirán como prueba documental en un proceso penal por delitos de genocidio y torturas que conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en contra de un grupo de ex altos cargos militares, entre ellos Ríos Montt.
El ministerio de Defensa creó una comisión que investiga la desaparición de los archivos, sin que se haya determinado un plazo concreto para entregar los resultados de la pesquisa.
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